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VALENCIA. La política de Estados Unidos tiene elementos que son difícilmente comprensibles para los que se acercan ocasionalmente a sus normas y costumbres. Uno de ellos está ocurriendo en estos momentos: el cierre del Gobierno. Esta medida -drástica- se adopta por parte del presidente del país, en este caso Barak Obama, cuando el Congreso rechaza su presupuesto. Si no se alcanza un acuerdo cuando se acabe el año fiscal, y eso fue este martes, el Gobierno se queda sin dinero y se ve obligado a despedir a todos sus funcionarios con la única excepción de aquellos adscritos a servicios básicos.

Es un hecho excepcional. Hacía 17 años que no ocurría. Al menos en la realidad, porque en la ficción, la celebrada serie de televisión El Ala Oeste de la Casa Blanca describió en dos de sus episodios el proceso de negociación de las cuentas anuales entre el Congreso y la administración Bartlet que acabó en el cierre del Gobierno por la negativa del presidente a aceptar un recorte del 3% en el presupuesto que exigía la mayoría republicana.

En la vida real el presidente Obama y la mayoría también republicana del Congreso se han enfrentado hasta el límite. En esta ocasión es a cuenta de la ley de sanidad, uno de los emblemas de la administración Obama. A grandes trazos, el ala más conservadora del Congreso exigía la retirada de esa ley para dar su visto bueno a los presupuesto. La Casa Blanca se negó. Y llegó el fin del año fiscal sin acuerdo. Nadie cedió y cerró el Gobierno.

Hasta aquí lo que pasa en Estados Unidos. Porque en España las cosas son muy distintas, especialmente porque es imposible -a no ser por una crisis interna del partido mayoritario- que un Gobierno no esté respaldado por el Congreso.

Los mayores enfrentamientos que ha vivido un Gobierno de España por los presupuestos ha sido a cuenta de las comunidades autónomas. Cataluña y Moncloa han protagonizado no pocas tensiones a cuenta del dinero, por poner el ejemplo más evidente. 

Sin embargo en ese capítulo de defensa de los intereses y de un programa político se ha echado en falta siempre a la Comunitat Valenciana. En las últimas semanas, de hecho, esa sumisión de la Generalitat al Gobierno central se ha puesto especialmente de manifiesto con la decisión del PP valenciano de no defender en el Congreso la reforma del Estatut que garantizaba por ley un mínimo de inversión anual en la Comunitat Valenciana, y en la aceptación resignada de unos presupuestos para 2014 en los que vuelve a caer el gasto del Estado. Eso sin hablar de la financiación autonómica. 

Pero esos agravios del Gobierno a los valencianos no han despertado del sopor habitual a la política valenciana. Es cierto que la política se basa en la capacidad de diálogo y de alcanzar acuerdos, pero cuando una mayoría impone su criterio sin margen para negociar, la posición de fuerza de la otra parte debe ser proporcional para no resultar arrasado. 

Y en este terreno a uno le resulta imposible imaginar a Alberto Fabra plantándose ante Rajoy, Montoro o quien sea. Y plantarse no es una pataleta. Es tomar una decisión equiparable en el espacio y el tiempo a cerrar el Gobierno, enviando a casa a casi un millón de funcionarios como ha hecho Obama.

El presidente americano ha defendido así un plan en el que cree y cuya puesta en marcha considera irrenunciable. El valenciano también considera imprescindible y urgente que el Estado destine más dinero a la Comunitat Valenciana. Pero qué piensa hacer para conseguirlo sigue siendo una incógnita. Y esto no hay ficción que lo supere.