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MADRID (EFECOM). El juez Santiago Pedraz ha citado como imputados al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra y al presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, en la causa abierta para investigar la concesión de créditos a la familia de éste para hacerse con el control de esa última entidad.

En una providencia notificada hoy, el magistrado de la Audiencia Nacional llama a declarar a Eugenio Calabuig para el próximo 12 de noviembre, y a Parra y a su mujer, María José Aznar, para dos días después.

Pedraz también ha citado como imputados a otros cuatro miembros de la familia Calabuig: Enrique, que comparecerá también el día 12; y Celia, Pedro y Mercedes, que lo harán al día siguiente.

Las citaciones se enmarcan en la primera de las querellas presentadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) contra los antiguos gestores del Banco de Valencia después de tomar el control de la entidad tras su intervención.

Según el texto de la denuncia, el banco concedió en 2008 dos créditos por un total de 48 millones de euros -que luego se convirtieron en 54- a la familia Calabuig, lo que permitió a ésta hacerse con el control de Agval, la sociedad que posee la mayoría de las acciones de Aguas de Valencia.

El Frob, que acusó a los querellados de los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, señala que los créditos, que no han sido devueltos, fueron autorizados por el Comité de Riesgos, del que formaba parte Parra, gracias a la intervención decisiva de éste.

La concesión del préstamo, según la querella, tuvo como consecuencia que el banco, que hasta entonces era el máximo accionista de Agval, perdiera su posición de privilegio en Aguas de Valencia.

En la denuncia figura también, aunque solo como partícipe a título lucrativo, el ex director financiero del Banco de Valencia y luego presidente de la entidad, Aurelio Izquierdo, que no ha sido citado por el juez.

Pedraz ha admitido ya a trámite seis de las nueve querellas presentadas contra la antigua dirección del Banco de Valencia -ocho por el Frob y la otra por un grupo de accionistas minoritarios-, y está a la espera de los informes de la Fiscalía para decidir sobre las otras tres. En las denuncias figuran un total de 41 personas como querelladas.