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VALENCIA (AGENCIAS). El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, se sienta a partir de este miércoles en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el 'caso Naranjax', tras una instrucción que ha durado casi 10 años, llena de recursos y de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por la que han pasado hasta nueve jueces. El juez que ha concluido el proceso ha sido Jacobo Pin.
El ex dirigente 'popular' llega al juicio oral con el único cargo de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, puesto que en junio de 2010 abandonó la presidencia de la Diputación Provincial tras 16 años al frente de la institución, mientras que en julio de 2012 dejó de dirigir el PP provincial, cargos que pasó a ocupar Javier Moliner.
En la vista que comenzará el miércoles también serán juzgados junto a Fabra su exesposa, María de los Desamparados Fernández; el empresario Vicente Vilar y su exmujer Montserrat Vives.
El tribunal que juzgará a Fabra, en una vista oral que está previsto que se celebre en la sala número 20 de la Ciudad de la Justicia y que se prolongue durante 12 días, estará presidido por Esteban Solaz Solaz, al que acompañarán los magistrados Pedro Luis Garrido Sancho y Aurora de Diego González. En el juicio está previsto que declaren en calidad de testigos 70 personas, además de diversos peritos.
Este año, tras conocerse la decisión del juez de abrir juicio oral contra él, Fabra presentó su dimisión "irrevocable" como presidente de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas) al presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra.
ORIGEN DEL PROCESO
El origen de este proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.
Durante todo este tiempo, la Audiencia Provincial de Castellón ha dictado algunas resoluciones que posteriormente han sido revocadas por el Tribunal Supremo. La primera de mayor calado fue en diciembre de 2010, cuando la sección segunda sobreseyó la causa por supuestos delitos fiscales cometidos entre los años 2000 a 2003 --cuatro de los cinco por los que estaba siendo investigado-- al considerar que no se había producido un acto de interposición judicial que interrumpiera el plazo de prescripción de estas conductas.
El Tribunal Supremo (TS) revocó esta decisión al considerar que no podían declararse prescritos los delitos fiscales que se le imputaban inicialmente al expresidente del PP de Castellón, acogiendo así los recursos que habían presentado Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) contra la decisión de archivo.
La segunda de mayor relevancia fue cuando la sección primera declaró en mayo de 2012 la nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, tras haber resuelto previamente la sección segunda que los hechos imputados al expresidente de la Diputación no eran constitutivos de un delito de cohecho. Este hecho suponía que el caso pasaba a ser enjuiciado por un juzgado de lo Penal en lugar de la Audiencia, con una importante reducción en los años de condena aparejados a los delitos atribuidos.
UN JUICIO CON EXPECTACIÓN
Entre periodistas, técnicos y fotógrafos habrá 150 profesionales de 30 medios de comunicación siguiendo uno de los juicios más mediáticos que se han celebrado en la Audiencia de Castellón, según los datos facilitados a Europa Press por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Éste es el segundo juicio más mediático y que más expectación ha provocado de los celebrados en la provincia en los últimos años tras el de Joaquín Ferrandiz, el asesino en serie de Castellón al que la Audiencia Provincial condenó en 2000 a 69 años de prisión por la muerte de cinco mujeres y por otro asesinato en grado de tentativa entre julio de 1995 y septiembre de 1996.
Para poder realizar la cobertura informativa del juicio, se ha habilitado la sala número 18, que habitualmente es ocupada por las causas con jurado, donde se dispondrá una pantalla a través de cuya señal los periodistas podrán seguir en directo el desarrollo de las distintas sesiones de la vista.
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