No lo pasó bien el DG de RTVV ayer en su comparacencia en las Cortes. Fue examinado sobre su gestión y al final le acabaron sacando los colores con Hacienda

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VALENCIA (VP/EFE). No hay nada como enfrentarse a la oposición en un parlamente, aunque sea regional, para conocer qué es la política y el control parlamentario. El periodista José López Jaraba, actual director de RTVV pasó ayer el lance de rendir cuentas en las Corts. Su peor molmento fue cuando desde el PSPV se le echó en cara sus cuentas pendientes con el fisco, a lo que el periodista argumentó con el habitual "asuntos privados" olvidando que un alto cargo público no puede permitirse defraudar a Hacienda, si es que éste fuera el caso.

El resto de su comparecencia la dedicó a rendir cuentas sobre el contrato de la Fórmula Uno y del caso Sanz, principalmente, así como cuestiones relativas a la política informativa de TVV.

José López Jaraba defendió el contrato retransmisión del Mundial de Fórmula1 como un "activo audiovisual y económico de primer nivel" que será rentable "a medio plazo", aunque no ha desvelado su coste por su cláusula de confidencialidad

Jaraba justificaba la adquisición de estos derechos audiovisuales ante la comisión parlamentaria de control de RTVV, donde ha asegurado que no puede informar sobre "los detalles" de un "contrato privado" porque se metería en "un lío", y en la que todos los grupos, menos el PP, han exigido que se haga público este gasto.

Según explicó, el coste de un producto televisivo se calcula en función de sus "variables económicas, sociales e informativas", con la audiencia y la publicidad como indicadores.

Desde este punto de vista, Jaraba ha asegurado que el Mundial de Fórmula Uno será "bastante rentable a medio plazo", puesto que ya ha generado ingresos publicitarios antes de su comienzo -el próximo fin de semana- y está captando "anunciantes que nunca antes habían llegado".

El director de RTVV ha emplazado a la comisión al mes de noviembre para ofrecerle los primeros datos resultantes de la explotación de estos derechos audiovisuales, y ha insistido en que está obligado a "salvaguardar" su coste porque está sujeto por ley al ámbito del derecho privado.

Según dijo, es necesaria "la reserva" de estos datos para evitar, entre otras cosas, que la competencia conozca la "estrategia de RTVV.

Por su parte, el diputado socialista Vicent Sarrià, lamentó que el ente público, al igual que la Generalitat, continúe con su "política de opacidad", y subrayó que esta contratación se ha llevado a cabo "con dinero público" del que "se tienen que rendir cuentas".

Sarriá ha cuestionado que esta retransmisión sea verdaderamente rentable, "especialmente porque ni siquiera tiene la exclusividad" y los ciudadanos lo pueden ver por otras cadenas, como La Sexta y TV3.

La diputada de Esquerra Unida Marga Sanz también puso en entredicho la confidencialidad del contrato, cuyos detalles deberían ser accesibles para Les Corts, y ha señalado que sin conocer las cifras es imposible saber si supondrá "mas boquete o menos" para el ente.

Por otra parte, la oposición ha pedido explicaciones sobre el tratamiento informativo en Canal 9 del Plan del Cabanyal, y Jaraba ha asegurado que sólo RTVV "ha destinado tiempo suficiente en su parrilla para dar una explicación profunda y detallada de la transformación" de ese barrio y ha ido "más allá" de la prolongación de Blasco Ibáñez.

"Sólo en nuestro medio se han dado a conocer todos los extremos de esta reordenación urbanística", ha mantenido Jaraba, quien ha denunciado las "descalificaciones" que periodistas de Canal 9 han sufrido por el portavoz de Salvem y la "hostilidad" en las calles del barrio para hacer su trabajo, y ha pedido que se frene esa "escalada de violencia verbal".

EL CASO SANZ

El director general de Radiotelevisión Valenciana, José López Jaraba, reivindicó también que han llegado "hasta donde la ley permite en este momento" con la suspensión cautelar del ex secretario general de RTVV Vicente Sanz, y ha reivindicado la actuación "discreta, modélica y prudente" del ente.

Sanz actualmente está "fuera de la tele, sin empleo, sueldo, finiquito ni indemnización", y ha resaltado que el proceso judicial está en una fase "muy preliminar", hasta el punto de que a Canal 9 todavía no se le ha notificado la denuncia de las trabajadoras, ni éstas la han ratificado en el juzgado.

La oposición ha exigido el cese "inmediato y definitivo" de Sanz, en tanto que es un cargo de confianza nombrado "a dedo", porque si no lo hace será "cómplice" de su actuación, que es consecuencia en su opinión de un "abuso de poder" y de una política de personal "clientelar, totalitaria y despótica".

Jaraba ha explicado mantendrá vacante la plaza de Sanz "hasta que haya una resolución judicial al respecto, o hasta que se produzca un nuevo nombramiento", y ha destacado que, tras la renuncia que Sanz presentó para "evitar la erosión de la cadena, dado que se trata de un asunto personal", delegó las funciones de ese cargo en su jefe de gabinete para "evitar cualquier bloqueo administrativo en RTVV".

Aseguró Jaraba que conoció la situación el pasado 12 de febrero, cuando un persona cercana a una de las tres denunciantes se puso en contacto con un directivo, y que mantuvo con las tres contacto telefónico ese fin de semana para ofrecerles su respaldo, mientras que el lunes siguiente se reunió con ellas y se les ofreció la posibilidad de que ni fueran a trabajar.

Mònica Oltra, de Compromís, ha exigido el cese definitivo de quien dijo que estaba en política "para forrarse" y ha acusado a Jaraba y a la empresa de ser "cómplice" de Sanz y de estar "del lado oscuro" y del "presunto agresor", y no de las víctimas. Marga Sanz (EU) ha dicho que la suspensión cautelar supone tolerar un comportamiento presuntamente delictivo.