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VALENCIA (EP). La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha acordado dar audiencia al ministerio fiscal para que se pronuncie sobre la querella presentada por la Asociación contra la Corrupción contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por la contratación, durante su etapa como alcalde, de dos asesores en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón que trabajaban para el partido.

Así lo ha decidido en una providencia, de fecha de este miércoles, ante la querella presentada por la entidad, que decidió optar por esta vía después de que la Fiscalía Superior archivara la denuncia que había presentado previamente ante este órgano por este mismo hecho.

La entidad se querelló contra Fabra y el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, así como "cualquier persona que aparezca responsable a lo largo de las investigaciones y actuaciones a practicar", a quienes atribuye la comisión de un posible delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, previstos en los artículos 433, 404 y 309 del Código Penal.

La sala, vistas la actuaciones y atendiendo al "carácter excepcional" atribuido a las normas procesales que regulan la prerrogativa de aforamiento, ha acordado dar audiencia al ministerio fiscal, a efectos de lo dispuesto en el artículo 313 de la Ley de Enjuicimiento Criminal, en el plazo de cinco días. En este artículo se establece que se desestimará la querella "cuando los hechos en que se funde no constituyan delito, o cuando no se considere competente para instruir el sumario objeto de la misma".

La asociación denunció el pasado 13 de junio ante Fiscalía Superior a Fabra y Bataller por los presuntos delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad en la contratación en 2011, época en la que el presidente de la Generalitat era alcalde de Castellón, de dos asesores para el grupo municipal en el consistorio que, según la denuncia, "en ningún momento" ejercían función alguna en el Ayuntamiento, sino que, en horario laboral, prestaban "servicios en la sede del PP" en Castellón pese a percibir "sus emolumentos a cargo del erario público".

El fiscal superior dictó un decreto en fecha 31 de julio tras la primera denuncia en el que consideró que ni en el nombramiento ni en el ejercicio posterior de la función de los asesores se desprendía "ningún actuar penal" como alegaba la denuncia, por lo que acordaba el archivo y comunicaba que, en caso de no estar de acuerdo, podía reproducirla ante el tribunal competente.

QUERELLA CONTRA CASTELLANO

Por otra parte, en otra providencia del martes, acuerda asimismo dar audiencia al ministerio fiscal en el plazo de cinco días en relación con la querella presentada por la misma entidad contra el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias ya que sostiene que ha usado sus cargos públicos desde 2008 para favorecer el acceso a la función pública de familiares, amigos y afiliados al PP, con una contratación "masiva".

Al igual que en el caso de Fabra, la asociación presentó en primer lugar una denuncia ante Fiscalía superior, que fue archivada al considerar este órgano que en este caso se pedía un examen penal de contrataciones de personal "sin más base que la presunción de actuaciones irregulares" lo que impedía que se pudiera actuar con base adecuada. La entidad la presentó entonces en forma de querella en el TSJCV.