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PALMA/VALENCIA (EFE/VP). El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha rechazado hoy sobreseer la causa en relación al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, imputado desde el mes de enero, así como respecto a otras ocho personas que lo habían solicitado también, entre ellos, el empresario valenciano Miguel Zorío.
En un auto dictado hoy, el juez de instrucción 3 de Palma además desestima una petición del sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa, para abrir una pieza separada en relación con la Fundación Madrid 2016 y el Ayuntamiento de Madrid cuando era alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
Además de García Revenga, tras el auto dictado hoy siguen imputados en la causa la mujer de Diego Torres -el exsocio de Iñaki Urdangarin-, Ana María Tejeiro, la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen, el ex director general de esta fundación Miguel de la Villa y el ex director financiero Gerardo Corral.
El magistrado rechaza también archivar las actuaciones en relación al que fuera secretario del Instituto Nóos y apoderado de Urdangarin en la empresa Aizoon, Mario Sorribas, así como al abogado Salvador Trinxet, a quien se investiga como presunto responsable de la estructura societaria en el extranjero del entramado de Nóos, al empresario valenciano Miguel Zorío y al supuesto testaferro Robert Cockxs.
En todos los casos el juez considera comprensible el deseo de los imputados "de verse anticipadamente apartados de la presente causa".
No obstante, subraya que considera "precipitado" sobreseer la presente pieza separada respecto a ellos, algo que valorará una vez que la instrucción sea definitivamente cerrada, y aclara que la decisión de hoy no prejuzga lo que pueda decidir al respecto en el futuro.
Respecto a la petición de Manos Limpias, el juez considera que no cabe abrir una pieza separada sobre las "donaciones" concedidas por la Fundación Madrid 2016 en favor de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis) "en atención exclusiva a la personalidad del en otro tiempo presidente del patronato" y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Añade el magistrado que dicha petición "no persigue una mayor simplicidad en la instrucción, sino que su pretendida apertura sirva de cauce a una posterior imputación, dada su condición de aforado por el Tribunal Supremo".
Según Castro, "por el momento en la causa no obra dato alguno revelador" de que Ruiz-Gallardón mantuviera reuniones con Urdangarin o que emprendiera "actuaciones tendentes a apartar de los cauces obligados o habituales la concertación del convenio entre ambas fundaciones".
Tampoco consta que "interviniera de manera directa o solapada" en la gestión, en las cláusulas y en la efectividad de dicho convenio, por lo que no procede acceder a la pretensión de Manos Limpias.
Por otra parte, el juez Castro rechaza también la incorporación del último medio millar de facturas, de las casi mil que ha ido presentando Diego Torres al juzgado.
Castro considera que en las diferentes fases de los dos años y medio que ha durado la instrucción, Torres ha tenido "tiempo más que suficiente" para recopilar y presentar todas las facturas que tuviera a su alcance "al objeto de minorar los desfases" entre los ingresos y los gastos de los eventos organizados por Nóos.
El magistrado detalla que la defensa de Torres ha aportado recientemente 919 documentos para acreditar el coste de los eventos Illes Balears Forum y Valencia Summit, de las que 430 ya obraban en la causa y algunas más las habían aportado ya personas que han declarado ante el Juzgado.
El juez rechaza las diligencias sobre esas facturas porque "solo daría lugar a un retraso incalculable en la finalización de la instrucción".
Castro desestima también las nuevas declaraciones de testigos que había solicitado la defensa del expresidente balear Jaume Matas, imputado en esta causa.
Por otra parte, el juez ha librado una nueva comisión rogatoria al procurador general de Luxemburgo para que desbloquee 271.272 euros de una cuenta de Torres y su esposa, para que su titular curse inmediata orden de transferencia de esa suma a la cuenta bancaria del Juzgado.
El juez acuerda además paralizar los procedimientos administrativos de apremio de una deuda tributaria de 147.800 euros de Torres hasta que no recaiga en el Juzgado un pronunciamiento definitivo sobre el verdadero perceptor de esa suma.
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