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VALENCIA. La empresa no cobra, pero la deuda no existe. Esta es la situación con la que se encuentran un buen número de empresas, especialmente de obra pública, a la hora de reclamar los impagos que mantienen con ellos la Generalitat a través distintas empresas públicas o por determinados servicios.

Los procedimientos de la 'desaparición' de millones de euros en la contabilización de la deuda puede ser de distinto tipo y acogerse a razones que van desde la desaparición de sociedades, resultado de la reorganización del sector público empresarial; hasta las conocidas como facturas en los cajones, que corresponden a servicios prestados que no han podido ser facturados.

Uno de los procedimientos más habituales y, que solo a las constructoras valencianas ya les afecta en 20 millones de euros impagados, es esta última. Práctica habitual en Sanidad, como demuestra el afloramiento periódico de 'obligaciones pendientes de cobro', consiste en que la Administración o cualquiera de sus empresas públicas encarga un servicios a una empresa, que ejecuta el encargo.

Al tratarse de una modificación de obra o un gasto no previsto, este gasto no está dotado presupuestáriamente, por lo que no se factura. Y así comienza el círculo vicioso. Al no haber factura, no es una deuda exigible ante Hacienda, que no aporta fondos. Entonces, al no haber aportación de fondos, la Administración sigue sin hacer factura.

DESAPARICIÓN EN TRES PASOS

Otro problema recurrente es la realización de obras a través de un convenio que nunca llega a consumarse. Se trata de una modalidad que ha afectado especialmente a las empresas públicas y que se ha complicado con la desaparición o fusión de algunas de ellas, como es el caso del Consell Valencià d'Esports o de la constructora de centros educativo Ciegas o la de viviendas IVVSA.

La empresa pública encarga una obra y se compromete a pagar gracias a un convenio con la conselleria correspondiente. La subvención no se paga y, como no cumple las condiciones para ser considerada una deuda con proveedores sino que es una ayuda por pagar, no se incluye en el plan y se pone a la cola, por detrás de las de los dependientes u otras similares.

En esta situación también se encuentran las patronales y sindicatos, que arrastran desde 2010 el cobro de los cursos de formación y otras actividades subvencionadas que tuvieron que pagar de sus propios fondos, llevándolos a una complicada situación económica.

Sin embargo, lo que más indigna a los proveedores es que, en el proceso de la fusión o desaparición de la entidad que contrató el servicio, la deuda no se recoge y, como el beneficiario de la subvención original desaparece, la conselleria "no tiene a quien pagar" y hay que recurrir a los abogados.

PAGAR A PRECIOS 'DE LOS DE ANTES'

Sin embargo, la obra ya está hecha y su coste ha corrido a cuenta de la empresa que la ha realizado. Las constructoras valencianas estiman que en esa situación están unos seis millones de euros pendientes de cobro.

En otro caso, la Generalitat se niega a actualizar los precios y solo está dispuesta a pagar lo que se acordó, por ejemplo, hace cinco años. Desde las empresas se advierte que el pago de los intereses se les ha "comido" el beneficio, por lo que los precios deben ser puestos al día para que no terminen por cobrar menos de lo que les ha terminado por costar el trabajo.

Concretamente, desde la federación valenciana de constructoras de obra pública (Fecoval), se estima que en esas situaciones se encuentran cerca de 37 millones de euros, solo con las empresas que se integran en la organización. "Hay que buscar una alternativa, porque las obras sí se han hecho y las instalaciones están en servicios, pero las empresas no han cobrado nada", señala José Luis Santa Isabel.