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VALENCIA. Pasar la inspección técnica de vehículos en alguna de las 25 estaciones de la Comunitat Valenciana es mucho más caro que hacerlo en cualquier otra zona de España. Las tarifas oficiales de las ITV valencianas, gestionadas por empresas privadas desde 1998, son hasta un 35% más caras (para un vehículo medio) que en comunidades limítrofes como Cataluña o Castilla-La Mancha. Esa diferencia se mantiene en la actualidad pese a que la Generalitat Valenciana congeló los precios en marzo de 2010.

Los cuatro años en que las tarifas no se han movido (y no lo harán al menos hasta marzo del año que viene) no han conseguido paliar los efectos de una década en que los precios subieron al ritmo del IPC de forma automática. Esa era una de las cláusulas de los contratos de privatización de las ITV, un proceso polémico que impulsó el Consell presidido por Eduardo Zaplana prácticamente nada más llegar al poder. 

Fue la primera operación de calado de Zaplana y la adjudicación del servicio de ITV a empresas en las que participaban destacados empresarios locales (la mayoría vendieron su participación al poco tiempo) por un periodo de 25 años y con un negocio cautivo y rentable gracias a las tarifas que se fijaron en su momento y que, desde 2002 tenían una revisión automática con la evolución del IPC.

Durante casi una década, y coincidiendo con el periodo de bonanza económica que llevó aparejada un incremento de los precios notable, las tarifas de la ITV, que en un principio fijaba la Conselleria de Industria (de la que dependía el Sepiva), se dispararon hasta el punto de que el Consell acabó reconociendo en 2010 que eran excesivas. 

El Consell acordó entonces cogelar las tarifas y suprimir la actualización automática de las tarifas. Sin embargo la justificiación de esa decisión no se basó en el incremento incontrolado de los precios que se había registrado en esa década sino en que las empresas concesionarias tenían garantizada la rentabilidad.

Los nuevos servicios que se habían introducido -como el control sonoro de los vehículos, que solo se inspecciona en la Comunitat Valenciana-, el incremento del parque automovilístico, lo que se traduce en negocio futuro asegurado, y el envejecimiento del mismo a causa de la crisis entonces incipiente, lo que también incrementa el número de inspecciones (y las segundas revisiones que desde que se privatizó se cobran en las estaciones valencianas), fueron las razones que arguyó el Consell para mantener los precios.

Sin embargo, en 2011, cuando la conselleria decidió mantener los precios congelados por dos años más se introdujo un matiz en esas razones: "Lograr una deseable estabilidad en los precios y un alto grado de cumplimiento de la ITV por parte de los usuarios, de forma que la seguridad vial en ningún caso pueda verse comprometida". Es decir, el servicio empezaba a ser demasiado caro y podía llevar a los propietarios de coches y motos a no cumplir con un trámite obligado. 

Con la congelación de las tarifas y de la cláusula de revisión automática se introdujo un nuevo método para fijar el precio de la inspección. Cada año la Conselleria de Economía e Industria debe analizar si modifica o no las tarifas. En 2011 las prorrogó hasta marzo de 2013. Y este año, alegando que se siguen cumpliendo las condiciones que forzaron la congelación, se han mantenido invariables al menos hasta marzo de 2014.

Cuando el año que viene toque revisar esas tarifas se cumplirán más de cinco años con los precios inalterables. En el último año, la mayoría de comunidades autónomas han incrementado los precios, según el informe de la organización de consumidores Facua. Sin embargo, las condiciones que se fijaron en el momento de aquella privatización iniciática de Eduardo Zaplana siguen situando a la Comunitat Valenciana como la región más cara donde cumplir con el trámite obligatorio de pasar la ITV.