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MADRID (EFECOM). La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto expedientes sancionadores que afectan a 96 marcas de automóviles, empresas del sector, concesionarios y asociaciones que los agrupan, por supuestas prácticas anticompetitivas.

Estas consisten, explica la CNC en una nota, en la fijación de precios y condiciones comerciales y de servicio, así como en el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español de la distribución de vehículos de motor.

Los expedientes afectan a las marcas Nissan, Renault, Toyota, Chrysler, General Motors, Fiat, Ford, Chevrolet, Hyundai, Honda, Kia, Peugeot Citroen, Volkswagen, Audi y Seat, así como a las empresas A.N.T. Servicalidad, S.L., Horwath Auditores España, S.L.P, rban Science España y Snap-on Business Solutions.

Además, se expedienta a las asociaciones de concesionarios españoles de Volkswagen, Audi y Skoda (Acevas), de Seat (Ancosat), de Opel (Ancopel) y a una serie de concesionarios distribuidores de coches de las marcas Volkswagen, Nissan, Hyundai, Opel, Toyota, Land Rover, Audi y Seat.

Las conductas investigadas se consideran infracciones muy graves y, recuerda la Comisión, podrían suponer una multa de hasta el 10 % del volumen de negocios total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.

Explica la CNC que estos expedientes han sido abiertos tras las inspecciones realizadas en las sedes de asociaciones de concesionarios de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda (Acevas), Seat (Ancosat), Opel (Ancopel) y Ford (Acoford), así como en la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), en los concesionarios M. Conde, Carhaus y Safamotor y en la empresa Ant Servicalidad, S.L.

Posteriormente, también se hicieron inspecciones en las sedes de Nissan Iberia, Renault España, Toyota España y Snap-on Bisinezz SolutionsS.

Como resultado de la información obtenida en estas inspecciones, la Dirección de Investigación de la CNC ha observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y ha incoado esos expedientes sancionadores.

Ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción de estos expedientes y para su resolución por la Comisión Nacional de la Competencia, sin que su apertura prejuzgue el resultado final de las investigaciones.