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VALENCIA (EP). La magistrada instructora del 'caso Cooperación' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado la apertura de juicio oral contra el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado del PP en las Corts, Rafael Blasco, actualmente parlamentario no adscrito, y ocho personas más en la pieza en la que se han investigado irregularidades en las ayudas concedidas por ese extinto departamento de la Generalitat a la Fundación Cyes.

Así lo señala en un auto de fecha de este lunes, contra el que no cabe recurso, y en el que se determina como órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento de la causa a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV. No obstante, según han indicado fuentes del alto tribunal, la fecha de juicio se determinará, en su momento, por diligencia del secretario.

La apertura de juicio oral se acuerda en relación con Blasco y ocho personas más: el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la Conselleria de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás.

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia solicita 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental. Asimismo, le reclama que pague una multa de 43.200 euros.

Por su parte, la Generalitat, personada como acusación particular, reclama hasta once años y medio de cárcel para el exconseller, mientras que el PSPV pide 15. Para el resto de acusados, la petición de Fiscalía oscila entre los cuatro y los 13 años mientras que las otras acusaciones reclaman entre cuatro años y medio y once de prisión.

En su resolución, la magistrada explica que accede a la petición de apertura de la fase de juicio oral ya que todas las acusaciones lo han solicitado y porque, tras analizar los hechos, no concurren ninguno de los dos supuestos legalmente establecidos que autorizan a denegarla. En este sentido, subraya que "desde luego", de todo lo actuado "no se desprende que el factum investigado carezca de manera incuestionable de esa trascendencia penal que daría lugar a la terminación del proceso sin juicio".

"En absoluto", añade, y considera que sigue considerando que los hechos pueden ser constitutivos de delito, que existen además "suficientes indicios racionales de criminalidad" y que las acusaciones formuladas se deben entender "fundadas".

La jueza señala la competencia para el enjuiciamiento de la sala de lo Civil y Penal por razón de la persona, es decir, del aforamiento de Rafael Blasco como diputado no adscrito de las Corts Valencianes. El parlamentario presentó un escrito el 25 de junio en la cámara por el que causaba baja de su hasta entonces grupo, el PP, que había convocado una reunión para votar su expulsión y que finalmente no se celebró.

PIEZAS PARA RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS

La instructora no realiza ningún pronunciamiento en cuanto a las medidas de naturaleza personal sobre los acusados, ya que las acusaciones no han realizado ninguna solicitud, aunque sí que ha accedido a formar pieza separada para asegurar las responsabilidades pecuniarias en relación con Blasco, Catalá, Josefa Cervera, Felip, Llopis, Tina Sanjuán y la Fundación Cyes.

En el auto, de 62 páginas, la magistrada instructora admite como hechos susceptibles de enjuiciamiento en el plenario los contenidos en los escritos de acusación de las partes, que son consecuencia del auto del pasado mes de mayo de transformación del procedimiento abreviado, y cuyos hechos indiciarios reproduce en esta resolución.

En ese auto, la jueza llegó a la conclusión indiciaria, a raíz de los informes de los peritos, de las declaraciones de testigos e imputados y de la documentación obrante en la causa, de que por resoluciones del conseller de Inmigración de julio y agosto de 2008 se aprobaron a la Fundación Cyes cinco proyectos en el ámbito de la cooperación, --por los que obtuvo 1.827.840 euros correspondientes a proyectos por 2.284.800 euros-- que no debieron ser concedidas al incumplirse requisitos "imprescindibles" como la falta de concurrencia en red con entidad domiciliada en la Comunitat y no estar acreditada la experiencia previa.

"INTERVENCIÓN ACTIVA"

Sin embargo, señala que esta ausencia pudo ser vencida por la "intervención activa" de determinadas personas "con responsabilidad en la Conselleria" que, "a través de actuaciones irregulares diversas, consiguieron primero que se evaluaran externamente las solicitudes presentadas por Cyes y después, y en un entorno de presión y sobre la base de informes y documentos alterados", que se incluyeran por "unanimidad" en la propuesta efectuada por la Comisión Técnica para resolver.

En esta línea, considera que estos indicios permitirían entender que la Fundación obtuvo las subvenciones de "modo injusto" y tras "haber sorteado y eludido" la fase de control administrativo en algunos proyectos. Asimismo, señala que esta "indiciaria arbitrariedad parece haber contado con la intermediación" de Augusto César Tauroni y "el conocimiento, favor y participación" DE Blasco, que "acudió a personas de su confianza" para "allanar el camino de concesión a la fundación beneficiaria de los proyectos presentados".

Asimismo, indica que los expedientes de la Fundación Cyes, al menos en los relativos a grandes proyectos, fueron "cerrados en falso y de nuevo, muy posiblemente, en un ejercicio de arbitrariedad vinculado a funcionarios de total confianza" de Blasco "y en último término a él mismo".