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VALENCIA (EP/VP). Los ediles del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia personados en el 'caso Nóos' como acusación popular atribuyen a la alcaldesa de la capital valenciana, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias en relación con los convenios firmados entre 2004 y 2006 para la celebración del evento 'Valencia Summit'.

En un escrito de 30 páginas dirigido a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los ediles se suman a la petición del juez instructor de Palma y piden a esta instancia que asuma la competencia para instruir la parte de la causa referida a los convenios del 'Valencia Summit' al considerar que existen indicios de que en ellos "han podido tener decisiva e imputable intervención" tanto Camps como Barberá, ambos diputados en las Corts Valencianes.

El escrito recalca que las contrataciones fueron "actos estrictamente voluntaristas" ya que no buscaban el "interés general" sino que se hicieron "al margen de cualquier procedimiento" para "beneficiar" al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que presidió el Instituto Nóos, "a cargo de las arcas públicas valencianas por su condición de yerno de Su Majestad el Rey, sustituyendo los principios que deben regir las contrataciones públicas por el afán de servilismo a un miembro de la Familia Real, siendo los responsables de tales ilícitos los que directamente tomaron estas decisiones arbitrarias e injustas: el señor Camps y la señora Barberá".

Según los concejales socialistas, en este caso existen "diversos soportes documentales" -como misivas y correos electrónicos- y declaraciones en el juzgados que, a los efectos de competencia "y sin perjuicio de lo que resulte finalmente de la instrucción", "reúnen el suficiente valor indiciario" de la presunta participación de ambos en los cinco delitos que les atribuye esta acusación.

Los ediles sostienen que, hasta este momento, se desprende que se ha producido una "lesión ilícita e injusta al recto y normal funcionamiento del Ayuntamiento de Valencia, además de un grave perjuicio en el erario público del consistorio" en relación con la celebración del Valencia Summit, aunque se reservan el derecho a ampliar la acusación si de las conclusiones que arroje la investigación judicial sobre la candidatura de los Juegos Europeos y el intento de contratar los Juegos de la Juventud u otros "se adivina que también lesionaron o pusieron en peligro los caudales o el recto funcionamiento de la administración local".

Al respecto, apunta a que el juez instructor en Palma, José Castro, ha podido constatar la existencia de indicios fundados de criminalidad en la ejecución de los convenios suscritos entre el Instituto Nóos; la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para la celebración del Valencia Summit y de la participación en ellos de Camps y Barberá, tras "numerosas y abundantes" diligencias de investigación.

REUNIÓN ZARZUELA

En este sentido, señala que de estas investigaciones se desprende que Camps y Barberá "fueron los que en primera persona cometieron, impulsaron e indujeron" la comisión de los delitos y sus "máximos responsables", ya que ha quedado acreditado que en una reunión "privada" entre ellos y Urdangarin se acordó la adjudicación de un contrato de servicios a favor del Instituto Nóos "al margen de cualquier procedimiento administrativo" y que ambos dirigentes quedaron "muy interesados" en el Valencia Summit en una cita en el Palacio de la Zarzuela el 29 de enero de 2004.

El PSPV ve "indiscutible" la existencia de esa reunión ya que los dos socios de Nóos coinciden en esta versión, "a excepción del lugar" de desarrollo, ya que Diego Torres lo explica con "amplitud de detalles" en Zarzuela mientras que Urdangarin "tiene la firme posición de mantener lo más alejada posible de este asunto a la Familia Real, negando cualquier tipo de cuestión que la pueda relacionar con ella".

ADJUDICACIÓN "A DEDO"

De ahí que incide en que hubo una adjudicación "a dedo basada en los principios del amiguismo y el servilismo, en lugar de los de libre concurrencia, publicidad, equidad y no discriminación" y recalca que estos acuerdos fueron "verbales y previos a la formalización de los convenios de colaboración" y, por tanto, fruto de una "actividad delictiva premeditada", que fue "preparada, iniciada y desarrollada" por Camps y Barberá que decidieron la disposición de los fondos públicos a favor de Urdangarin.

Por ello, afirma que aunque la firma formal del convenio la hiciera el gerente de FTVCB, José Salinas, "se barajó la idea de que fuera la propia alcaldesa la que participara en una escenografía", lo que evidencia "el grado de conocimiento y participación" de Barberá en el desarrollo del convenio. En el escrito se subraya la "incuestionable naturaleza pública" de la entidad, cuya financiación es "en su práctica totalidad" procedente del consistorio.