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VALENCIA. Tener un suelo dotacional es dinero en mano. Esta es la conclusión a la que han llegado un buen número de propietarios de suelo urbano destinado a uso municipal que, con la ley en la mano, están exigiendo la expropiación para obtener liquidez. Entre enero y junio, el Ayuntamiento de Valencia ha tenido que destinar 7,6 millones de euros a esta partida, cuando el presupuesto fijaba 3,8 millones para todo 2013.

"El presupuesto para expropiaciones ha pasado a ser un capítulo importante, cuando antes no lo era", ha lamentado el vicealcalde de Valencia y actual alcalde en funciones, Alfonso Grau. Mientras que unos años atrás el propietario de suelo calificado como de uso público por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estaba "enfadadísimo", según Grau, a día de hoy las tornas han cambiado.

Con el negocio paralizado, el Ayuntamiento resulta un comprador cautivo, ya que siete años después de la aprobación del PGOU cualquier propietario puede exigir al consistorio que ejecute la expropiación. En el caso de Valencia, el PGOU lleva 22 años en vigor, con lo que particulares y entidades financieras están aprovechando esta oportunidad para sacar partido de la situación.

ESTRATEGIAS PARA GANAR LIQUIDEZ

Con la ejecución de avales y garantías, un buen número de entidades financieras han terminado por ser las dueñas de diversas propiedades que se encuentran en esa situación, como reconocen fuentes municipales. A diferencia de los activos en el mercado libre, prácticamente paralizado, la opción de forzar la compra está siendo moneda corriente.

En muchos casos, el consistorio y los propietarios no están consiguiendo acordar el precio, por lo que se está llegando a los tribunales. Sin embargo, la cuestión a dilucidar no es la obligatoriedad del consistorio de comprarles el suelo, sino el precio al que debe hacerlo. Este pleito genera unos intereses de demora que el grupo municipal Esquerra Unida ha denunciado como un sobrecoste innecesario.

Sin embargo, el vicealcalde defiende la postura del equipo de gobierno. "Si el propietario pide 10, el Ayuntamiento ofrece 4 y el juez establece que se pague 6, a pesar de los intereses de demora, el consistorio consigue ahorrar 4, por lo que merece la pena"; ejemplificaba Grau.

EL CASO DE LAS ESCUELAS PÍAS DE LA MALVA-ROSA

Sin embargo, no todas las operaciones están siendo tan provechosas. Así, el grupo socialista, bajo cuyo gobierno se aprobó el actual PGOU, reprocha que el equipo de Rita Barberá, no haya tomado medidas para evitar este escenario después de cinco legislaturas y lo esté haciendo ahora con la modificación del PGOU.

Por otra parte, este grupo también denuncia casos como el de la expropiación de las Escuelas Pías de la Malva-rosa por tres millones de euros, aunque en 1995 se había llegado a un acuerdo de expropiación que debía cumplirse a los 10 años. Llegada al fecha, el consistorio no ejecutó el acuerdo, con lo que ahora los propietarios la han exigido a un nuevo precio y han ganado el caso.