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 VALENCIA. El expresidente de la Diputación de Castelló y actual secretario general de la Cámara de Comerico, Carlos Fabra, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de octubre para enfrentarse a un juicio por cuatro presuntos delitos fiscales, cohecho y tráfico de influencias, por los que la Fiscalía solicita 15 años de cárcel. Un proceso judicial que se ha prolongado durante casi una década y en el que están llamados a declarar 70 testigos, entre los que se encuentran exministros.

Unas acusaciones graves que, no obstante, no le han hecho perder su poder de influencia en la Cámara de Comercio de Castellón. Esta misma semana, el exbarón provincial del PP supervisaba una reorganización en el organigrama del ente que terminaba con María Dolores Guillamón como presidenta en sustitución de Salvador Martí, quien presentó su dimisión la pasada semana junto a la del vicepresidente primero, Sebatián Pla.

Además del poder que ostenta en su labor de representar a 43.000 empresas de la provincia de Castellón, Carlos Fabra percibe un salario de 90.000 euros anuales, 6.000 euros mensuales con 15 pagas, el mismo sueldo que ganaba en la diputación provincial. Tras abandonar la corporación, retornó al ente, donde ostentaba una plaza en excedencia desde principios de los años 90, si bien regresó manteniendo chófer y coche oficial.

La Cámara de Comercio de Castellón, fundada en 1901, no es una entidad privada, sino una corporación de derecho público que se encuentra tutelada por la Conselleria de Economía e Industria. Como secretario general de la Cámara de Comercio, Carlos Fabra dirige los servicios de la institución y se encarga de la promoción exterior, así como de la jefatura de personal.

Tras su salida de la presidencia de la Diputación y luego del PP de Castellón, y su accidentada marcha -tras tensiones con Alberto Fabra- de la dirección de Aerocas, la Cámara se ha convertido en el último reducto del otrora todopoderoso barón provincial.