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BRUXELAS (EFECOM/Lara Malvesi). Participar como asesores en la redacción de las directivas, crear think tanks u ONGs que elaboran estudios en favor de los intereses de un determinado grupo de presión o reunirse a menudo con los eurodiputados son algunas de las estrategias que utilizan los lobbys en Bruselas.

Las ONG estiman que entre 10.000 y 30.000 lobistas trabajan en la sede de la Unión Europea, lo que sitúa a la capital comunitaria a la misma altura que el otro gran núcleo mundial de los grupos de presión: Washington.

La Comisión Europea tiene la iniciativa legislativa en Bruselas, así que los lobistas intentan participar de la redacción de las futuras normas trabajando como expertos colaboradores para la Comisión Europea, denuncia el Observatorio Europeo Corporativo (CEO, por sus siglas en inglés).

Según Transparencia Internacional, dos tercios de los expertos que diseñaron la legislación financiera, un sector cuya desregulación ha exacerbado la crisis, pertenecían a empresas dedicadas a esa actividad.

Aunque muchos grupos de presión utilizan técnicas tradicionales como reunirse con funcionarios y eurodiputados, otros "usan tácticas poco éticas, que rozan la ilegalidad", cuenta Belén Balanya, fundadora del CEO.

"Una táctica habitual es utilizar a un think tank o a una falsa ONG para publicar un informe cuyas conclusiones beneficien a sus intereses, por ejemplo, con la táctica del miedo, diciendo que si una determinada directiva sale adelante se perderán muchos puestos de trabajo", cuenta.

Entre los lobistas, algunos saben mejor que otros cómo influir mejor, precisamente porque han estado al otro lado, entre los que tomaban las decisiones sobre una materia concreta.

Las ONG denuncian la desregulación del fenómeno de las "puertas giratorias", esto es, cuando un legislador deja su puesto en las instituciones comunitarias para fichar por un grupo de presión.

En 2010, seis de los trece comisarios que fueron substituidos en la Comisión Barroso II terminaron en puestos de este tipo, entre ellos el extitular de Industria Gunter Verheugen y el de Mercado Interior, Charlie McCreevy.

Un caso reciente que ha destapado cuán cerca de los poderes de decisión llegan los lobistas es el conocido como "Dalligate", el escándalo de tráfico de influencias que llevó al excomisario de Salud y Consumo, el conservador maltés John Dalli, a dejar el Ejecutivo comunitario.

Según reveló en octubre del año pasado la Oficina Antifraude Europea (OLAF), Dalli solicitaba "grandes sumas" de dinero a compañías tabacaleras a cambio de influencia en favor de sus intereses en la preparación de la futura directiva del tabaco.

La huella del lobby en el Parlamento Europeo tampoco es pequeña pues existen 3.000 lobistas acreditados de forma permanente en la Eurocámara, que cuenta con 754 eurodiputados.

Los propios grupos de presión proponen enmiendas a los eurodiputados que, si las consideran apropiadas para enriquecer el texto, las pueden utilizar directamente, una táctica que según fuentes de la Eurocámara "es normal".

En la actualidad, según el Ejecutivo comunitario, hay cerca de 5.700 organizaciones inscritas en el llamado Registro de Transparencia Común, aunque registrarse no es obligatorio, a diferencia de lo que ocurre en Washington.

Entre los grupos de presión registrados se encuentran grupos de presión tradicionales pero también despachos de abogados, ONGs -los llamados "lobbys buenos"-, grupos de reflexión, iglesias y cualquier organización o profesional autónomo con intención de influir en las políticas comunitarias.