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VALENCIA. Cerca de 60 imputados van ya en las seis piezas separadas que instruye el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el conocido como caso Gürtel, la trama que, supuestamente, se infiltró en varias administraciones públicas gestionadas por el Partido Popular y recibió innumerables y sustanciosos contratos de forma irregular.
De toda aquella trama que empezó a invetigar en la Audiencia Nacional el juez Baltasar Garzón y que ahora se sigue en varias instancias judiciales, desde la propia Audiencia a los tribunales superiores de Madrid y Valencia, solo ha llegado a juzgarse un episodio: el caso de los trajes. Francisco Camps y Ricardo Costa, presidente de la Generalitat y ex secretario general del PPCV, salieron absueltos del delito de cohecho impropio tras un juicio al que no legaron el exvicepresidente Víctor Campos y el alto cargo de Turismo Rafael Betoret, que se declararon culpables previamente.
Pero la nómina de altos cargos de la era de Camps al frente de la Generalitat que están a la espera de su futuro judicial empieza a ser interminables. Y el responsables de eso es el instructor del caso, José Francisco Ceres, convertido en una auténtica gota malaya para buena parte de la Generalitat que dirigió Francisco Camps.
La instrucción imparable de las seis piezas separadas que conforman el caso Gürtel está resultando letal para buena parte de los altos cargos que coparon el Consell de Camps en los últimos años, especialmente para todos aquellos que, de alguna forma u otra, tuvieron relaciones comerciales con la trama empresarial de Correa, entre ellas la más popular, Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez El bigotes. Este mismo miércoles se conoció que Ceres ha llamado a declarar en calidad de imputados a Niurka Motalvo y David Serra, ambos ex secretarios autonómicos de Deportes, por haber contratado a empresas de la trama para el Open de Tenis y el Circuito Europeo de Golf.
La imputación de Montalvo y de Serra, que ya está imputado en otras dos piezas del caso Gürtel, entre ellas la de financiación ilegal del PPCV, se une a otras que ya ha practicado Ceres en el transcurso de la instrucción. Hasta 34 altos cargos de la época de Camps han pasado por su juzgado. La lista de posibles implicados, especialmente en la pieza relacionada con la contratación irregular de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel, parece no tener fin.
En todo este proceso ha sido esencial el trabajo de investigación judicial que ha desarrollado el juez Ceres, un protagonista que fue puesto en duda hace cuatro años cuando junto al expresidente del TSJCV, Juan Luis de la Rua, aceptó el recurso que interpuso Camps a su procesamiento por el caso de los trajes. Esa decisión fue duramente contestada por el Supremo, que obligó al TSJCV a reabrir el caso. ¿Qué ha pasado para que el hombre que consideró que Camps no cometía ningún delito aceptando regalos de la trama esté señalando a buena parte del Consell de esa época como responsables en potencia de delitos de prevaricación?
"Lo que ocurrió en aquella deliberación fue decisivo", explica una fuente conocedora del proceso. "La influencia de De la Rua en aquellos años era brutal. Se suponía que había consenso entre los tres jueces y se encargó a Ceres que hicera de ponente de la resolución. Pero Juan Montero [el tercer magistrado] emitió un voto particular", señala. "Cuando el Supremo devuelve el caso al TSJCV con una dura argumentación contra el archivo de la causa que había instruido el juez Flors, Ceres está muy tocado. Se considera 'traicionado' y ahora se está aplicando en la instrucción sin ningún margen a las presiones que entonces existían".
"El actual es un Ceres muy distinto al de entonces", explica otra fuente judicial. Aunque discrepa de que exista una relación directa con aquel episodio, sí coincide en que las presiones de entonces ahora no existe. "La llegada de Pilar de la Oliva a la presidencia del TSJCV abrió una nueva etapa en la que se permite a los jueces trabajar con mayor libertad y mayores medios, lo que se ha traducido no solo en el caso Gürtel, sino también en Brugal o otros de corrupción instruidos en los juzgados de primera instancia que se han desbloqueado, como el caso de Carlos Fabra", aseguran.
Lo cierto es que Ceres, considerado un juez conservador por su adscripción a la Asociación Profesional de de la Magistratura (APM), está realizando una meticulos -"profesional", matizan distintas fuentes- de un caso complejo, hasta el punto de extender la investigación a toda la estructura de la Generalitat. El troceo de contratos que se realizó entonces para poder adjudicar a las empresas sospechosas contratos sin tener que pasar los filtros legales se ha convertido en una amenaza para cualquier alto cargo del Consell de Camps que firmara algún acuerdo con las sociedades de Correa.
Mientras se acumulan imputaciones en las seis piezas separadas, que van desde la contratación irregular a la financiación ilícita del PPCV o el desvío de fondos por la visita del Papa, algunos de estos procesos van llegando a su punto clave. El que está más cercano a materializarse es el de los contratos de la Agencia Valenciana del Turismo con Orange Market para los stands de Fitur. El proceso está terminado y hay dos exconselleras a los pies del banquillo, Angelica Such y Milagrosa Martínez. En la actualidad se están resolviendo los recusos a su procesamiento y a la apertura del juicio oral.
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