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VALENCIA (VP). El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, denunció ayer que la patronal del sector no aceptará la presión de los colegios farmacéuticos para imponer que los servicios de los centros privados dependan exclusivamente de las oficias de farmacia elegidas por el ente colegial, y se limite así la libertad de elección y el acceso a un puesto de trabajo a cerca de 200 farmacéuticos.

Giménez se mostró indignado por la actitud de éstos colegios profesionales que han decidido beneficiar a oficinas de farmacia frente a farmacéuticos sin trabajo, para mantener un "mercado cautivo", como es el de la atención residencial no pública.

En este sentido, el presidente de la patronal autonómica de la dependencia insistió en que, el Decreto 94/2010, en el que se establece que todos los centros sociosanitarios deberán, antes del día 11 de octubre de 2010, optar por la instalación de un servicio de farmacia, un depósito de medicamentos o un botiquín farmacéutico sociosanitario y solicitar antes de dicha fecha en su preceptiva autorización, incurre "claramente" en conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia al obligar de forma "artificial y totalmente injustificada" a los centros sociosanitarios privados a incluir en su organización profesional oficinas de farmacia impuestas desde fuera y con un turno rotatorio entre ellas cada tres años, creando mercados cautivos.

Como consecuencia de ello, esta situación "limita la libertad de elección de los centros y la libertad de empresa de las farmacias sin justificación alguna", al tiempo que favorece que "puedan prestar servicios farmacias mal gestionadas o sin los recursos adecuados con perjuicio para el usuario".

Además, Alberto Giménez recordó que la fragmentación produce un mayor gasto sanitario al impedir la "aportación" a la Conselleria de Sanidad, que puede llegar hasta el 15% del volumen de la facturación.

Así, el presidente de Aerte recordó que, en la última Asamblea Extraordinaria de la patronal de la dependencia de la Comunitat, se acordó "por unanimidad" respaldar el decreto de farmacia aprobado por la Conselleria de Sanidad "siempre que éste asegure el coste equilibrado de las prestaciones y la libertad de los centros para trabajar con los profesionales que estime más adecuados".

De hecho, el portavoz de la patronal explicó que los empresarios defendieron -y defienden- este tipo de iniciativas porque suponen una importante reducción del gasto público sanitario en materia farmacéutica, que se estima que se recortaría en cerca de 20 millones de euros, y que complementará los servicios médicos, de fisioterapia, etc., con los que ya cuentan los centros, posicionados como los más avanzados de Europa.

No obstante, Alberto Giménez avanzó que lo que no está dispuesto el sector es a la "concentración los recursos farmacéuticos y a la sustitución de la voluntad de los residentes".

Finalmente, Giménez afirmó que la patronal está trabajando junto con la Administración en encontrar caminos que favorezcan la sostenibilidad del sector manteniendo los criterios de calidad y reduciendo el gasto público, si bien, las empresas no pueden soportar más presión económica y obligaciones extraordinarias sin que se de solución a las principales demandas del sector; Fiabilidad en la financiación de la dependencia, coordinación sociosanitaria y eficiencia en la ejecución de las valoraciones y la gestión de las prestaciones para las personas dependientes.