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VALENCIA (EP). José Antonio Penadés, padre del único niño haitiano adoptado en la Comunitat Valenciana, y acusación popular en el 'caso Cooperación', solicita una pena de 13 años de prisión para el diputado del PP y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, y el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni, por el presunto fraude en la concesión de ayudas por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes, según ha podido saber Europa Press.

Así consta en su escrito de calificación provisional que ha presentado este lunes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dentro de la primera pieza instruída, la relativa a las ayudas a la Fundación Cyes, sobre la que ya se dictó auto de procedimiento abreviado, que en la práctica equivale al procesamiento. Junto a ella, en el alto tribunal consta una segunda pieza, en la que se investiga el supuesto desvío de fondos en favor de la trama entre 2009 y 2011.

Las acusaciones personadas en el procedimiento --Fiscalía, PSPV, el padre del niño adoptado, la Coordinadora Valenciana de ONGD y Abogacía de la Generalitat-- tenían de plazo hasta este mismo lunes para presentar sus escritos de calificación en el tribunal valenciano.

Por su parte, Penadés lo ha hecho este lunes por la mañana, y su escrito se dirige contra las nueve personas procesadas en esta pieza del procedimiento: Blasco; Tauroni; el que fuera subsecretario de la Conselleria de Solidaridad, Alexandre Català; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás.

En su escrito, Penadés solicita para Rafael Blasco una pena de 13 años de prisión por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental; además de una inhabilitación para empleo o cargo público de entre 10 y 15 años.

La misma pena reclama esta parte para el considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, es decir, 13 años de cárcel; mientras que para Llinares la rebaja hasta los cuatro años de prisión, al no tener excesiva intervención en la tramitación de las ayudas a la fundación. Para el resto de procesados, las penas oscilan entre estas dos variantes, los cuatro y los 13 años. Para Felip, por ejemplo, la solicitud es de cinco años, mientras que para Català, la pena reclamada es mayor, según ha podido saber Europa Press.

En esta primera pieza se investigan las dos subvenciones concedidas a Fundación Cyes para Nicaragua, cuyo total ascendía a 1.666.819 euros. Sin embargo, tan solo llegaron 43.000 euros al país, y el resto se destinó principalmente a la compra de pisos, según se desprende de la documentación intervenida y de los informes elaborados, que constan en el procedimiento.