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VALENCIA. El comité de empresa del antiguo Impiva, ahora Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), ha emitido un informe que en el que cuestionan la "oportunidad" y "legalidad" de la reestructuración del ente público. El texto, que ha sido presentado en la Conselleria de Economía y en la Secretaría Autonómica del Sector Público Empresarial, dependiente de Hacienda, alerta de que la reducción de plantilla planeada en el organismo, aunque todavía no concretada, puede poner en peligro la llegada de 153 millones de euros en fondos europeos.

En este sentido, el informe del comité subraya que el retraso del pago de ayudas está causando "un gran perjuicio" a las empresas por la ausencia de unos ingresos con los que contaban y que son de vital importancia ahora que todas sufren una merma de sus ventas, liquidez y acceso a la financiación, haciendo peligrar incluso la subsistencia de alguna de ellas, bien por ser de reciente creación, bien por encontrarse en sectores muy afectados por la crisis actual.

La cantidad adeudada, según el informe, con relación a las ayudas de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 se estima en 150 millones de euros y los beneficiarios afectados por dicha deuda en unos 1.850.

Según el texto, el retorno económico pendiente de la Comisión Europea, correspondería al 80% de los fondos pendientes de declarar. Así, el comité estima que, para las anualidades 2010, 2011 y 2012, la cuantía que ingresaría la Generalitat Valenciana por esta vía podría rondar los 153 millones de euros.

Unos fondos que, a juicio del comité de empresa, estarían en peligro si se produce la esperada reducción de plantilla dada la "complejidad y exhaustiva exigencia de calidad actual de los procedimientos de certificación impuestos por la Comisión Europea".

FALTA DE DIÁLOGO Y POSIBLE DEMANDA

Por otro lado, en las conclusiones del informe también se recalca que la normativa aprobada por el Consell en materia de reestructuración del sector público está "lastrada por incumplimientos y deficiencias de la propia norma" que, sumado a la "falta de diálogo y voluntad de acuerdo con la parte social", constituyen los "ingredientes básicos" para que todo el proceso "acabe en los juzgados de los social". "Ya existen precedentes en otras entidades del sector público", apostillan.

AMAGO DE DESPIDOS EN DOS OCASIONES

Además, el informe subraya que en el caso concreto del antiguo Impiva, por dos veces se ha convocado a la representación legal de los trabajadores para iniciar un procedmiento de despido colectivo, la primera en noviembre de 2012 y la segunda en el pasado mes de marzo, paralizando el proceso horas antes de su inicio en ambos casos, lo que, a juicio del comité, "demuestra los altos niveles de improvisación e inseguridad con que se está actuando".

En este sentido, el comité de empresa pone el acento en cuatro aspectos del proceso de reestructuración. 

1. Sucesión de empresa. Según el informe, el paso de la Agencia Valenciana de la Energía (Aven) e Impiva, junto a Sepiva e Ivex, a Ivace, requiere el cumplimiento de "determinados preceptos normativos" que vienen recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, como el periodo de consultas, que "nunca ha llegado a celebrarse". Además, señala, la normativa española en esta materia ha de ponerse en conexión con la normativa vigente en la Unión Europea, contenida en la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001. Esta normativa, según revela el comité, también se ha incumplido.

2. Puesta en marcha. Ivex y Sepiva todavía no han sido integradas en Ivace y ya estamos en el segundo cuatrimestre de 2013. La demora en la integración "se contradice con la celeridad con que se pretendía poner en marcha la nueva configuración del sector público empresarial y fundacional.

3. Redimensionamiento e integración de las plantillas. Este debió realizarse, según el decreto 7/2012, "inmediatamente después de la entrada en vigor de dicho decreto y antes de la integración de los entes en Ivace en enero de 2013, algo que no se ha hecho en el caso del Impiva". Para el comité de empresa, esto representa otro "incumplimiento flagrante" y de "graves consecuencias" al coexistir entidades a integrar de "muy distinta naturaleza jurídica".

4. Auditorías. Según el decreto 7/2012, al tener la entidad resultante una plantilla superior a 25 puestos de trabajo (el actual Ivace tiene 126), se debe incluir un auditor interno que dependerá funcionalmente de la Corporación Pública Empresarial Valenciana. "Por el momento, tampoco se tiene conocimiento de la existencia de este auditor, habiendo pasado ya más de un cuatrimestre desde la integración en Ivace", recalca el informe.