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VALENCIA. La situación de la Ciutat Vella de València es un ejemplo paradigmático de la miopía con la que las políticas públicas en materia de territorio y gestión urbana han sido conducidas en los años de aparente bonanza. Un breve repaso a los ejes en torno a los que los poderes públicos han actuado para tratar de poner en valor ese tejido urbano y a las medidas adoptadas revela muchas cosas sobre la triste ausencia de conocimientos técnicos de quienes las han diseñado, así como un absoluto desprecio por los vecinos del barrio, que las más de las veces no han sido ni tenidos en cuenta, cuando no tratados directamente como una molesta presencia con la que lidiar.

Frente al desastre de la gestión pública, hay que constatar sin embargo la emergencia de una pujante red asociativa  y de un tejido vecinal y cívico comprometido con iniciativas que han ido sistemáticamente por delante de las de los gobernantes que incluso, en ocasiones, han logrado arrastrar, aun a disgusto, al propio Ajuntament de València. Esta dualidad, ya muy patente en los años de la burbuja, es cada vez más apabullante desde que la brutal crisis económica tiene a los poderes públicos paralizados e incapacitados. Por duro que suene, no es una absoluta barbaridad decir que, de hecho, están afortunadamente paralizados e incapacitados.  Trataremos de explicarlo haciendo un repaso y poniendo la gestión pública realizada en los últimos años en perspectiva.

Como es sabido, la Ciutat Vella de València ha padecido todos los problemas de los centros históricos de las ciudades medias y grandes de nuestro país (y aun de Europa), si bien con especial virulencia: despoblación, desaparición de servicios y actividades privadas, carencia de instalaciones públicas, deterioro urbano... así como una tímida recuperación e inicio de gentrificación posterior con la llegada de vecinos jóvenes y profesionales más o menos en consonancia con lo que ha ocurrido en otros lugares. Ahora bien, la propia extensión de los distintos barrios que conforman Ciutat Vella (que suele ser tenida por uno de los cascos antiguos más grandes de Europa) y los devastadores efectos de la riada de 1957, que aceleró el proceso de despoblamiento de sus barrios, han contribuido probablemente a que el deterioro en el caso de València haya sido mayor y a que las dificultades de recuperación también lo sean. Sumemos a todo ello, además, que no es descartable (por decirlo educadamente) que las políticas públicas aplicadas en nuestro caso por el gobierno municipal no hayan sido, francamente, particularmente lucidas.

Si nos remontamos a las dos últimas décadas, momento en que de la mano de la recuperación económica del país comienza también una cierta remontada del distrito, hay que señalar una acción, iniciada por la Generalitat Valenciana, que sí ha tenido indudables efectos positivos: el plan RIVA, concebido aún bajo la administración socialista y ejecutado en años posteriores, consistente en ayudar económicamente a la rehabilitación de viviendas llevadas a cabo por particulares. Se trata de una iniciativa que es un buen ejemplo de lo que debería ser la acción pública, pues fomenta e incentiva la recuperación de estos barrios por sus propios vecinos, destinando fondos que, de alguna manera, significación una compensación por los mayores costos de esas acciones y que buscan un objetivo de interés general, la regeneración del barrio, apoyando a quienes deben ser los actores principales de la misma: las personas que viven allí.

Lamentablemente, y aunque el Ajuntament de València ha colaborado en estos mismos objetivos tímidamente con ayudas a reformas de cubiertas y fachadas o a la vivienda joven en el barrio, los objetivos del Plan nunca han sido cubiertos en su totalidad: los fondos destinados podrían haber sido mayores y, sobre todo, podrían haber buscado, a cambio de esa mayor generosidad, un control superior al efectivamente existente en la calidad y respeto de las rehabilitaciones, así como en los usos posteriores de los espacios rehabilitados. No obstante, sí puede decirse que este programa ha sido el gran responsable de la paulatina mejora urbana de estos barrios. Lamentablemente, la crisis económica ha supuesto una estocada mortal a esta línea de reforma que buscaba aunar la colaboración pública y privada.

Junto a esta línea de ayudas, el otro gran eje de las políticas públicas en Ciutat Vella en estos años ha sido alentar, apoyar e incluso promover desde las Administraciones públicas su conversión, especialmente en los barrios del Carme y el Mercat, en un gran escaparate de ocio de muy baja calidad y nocturno para dar servicio a las masas de turismo low-cost por los que la ciudad, al parecer, ha apostado como actividad productiva esencial. Esta apuesta se ha traducido en la creación de un urbanismo (reformas de calles y plazas) destinado esencialmente a dar servicio a este sector (con peatonalizaciones selectivas que no dificulten la llegada de clientes pero que permitan la masiva ocupación de la vía pública por negocios privados que generan muchas molestias), en una política tácita de tolerancia municipal con los excesos (en ruidos, en horarios, en condiciones de los locales...) y en una tensión social creciente en el barrio entre vecinos (algunos de ellos jóvenes, profesionales, producto de ese incipiente proceso de gentrificación) y personas que aprovechando la política municipal consideran  ese espacio urbano como mero escenario de cartón piedra sobre el que edificar un negocio muy lucrativo y fiscalmente muy poco controlado por el Ayuntamiento.

Esta política es tanto más sorprendente cuanto privados (y en muchos casos opacos tributariamente) son los beneficiarios de la misma, con el agravante de que destruye los esfuerzos públicos y privados que, de la mano del Plan RIVA, han inyectado mucho dinero en otra dirección. La conversión del centro histórico de la ciudad en un parque temático del ocio basura para atraer borrachos de toda Europa es un objetivo muy criticable por muchas razones, la primera y más importante de las cuales es que se hace a costa de los derechos de los vecinos y del respeto a ciudadanos que tienen la normal aspiración de habitar en un sitio donde se pueda descansar, vivir, disfrutar y trabajar con normalidad. Pero es que, además, el resultado en términos económicos es el indirecto fomento público de la economía sumergida y del subempleo en un sector que, por sus propias características, ni crea riqueza ni dinamiza el tejido social. La mejor prueba de ello es que los ciudadanos de Valencia han abandonado masivamente Ciutat Vella como alternativa de ocio, dado que ellos no pueden ser engañados como turistas, proceso de huida en el que están siendo acompañados por los hosteleros que aspiran a ofrecer calidad.

El panorama de la acción pública en Ciutat Vella se cierra con un modelo de urbanismo muy peculiar y cortoplacista, que ha fiado a la iniciativa privada la paulatina rehabilitación del barrio, completada con acciones, no siempre muy afortunadas, en materia de vivienda pública (las VPOs no han estado bien resueltas, como el grupo de la Plaça Centenar de la Ploma-Plaça de l'arbre muestra a la perfección) o de regeneración urbana con intervenciones muy duras (por ejemplo, los institutos artísticos de Velluters) y proyectos de actuaciones integradas masivos (plaça de la Mercé, carrer Calabazas...). Da la sensación de que no se ha querido, o se ha sido incapaz, de promover un correcto desarrollo de la microrehabilitación urbana y de la edificación en los muchísimos solares vacíos. Sólo la rehabilitación directa por parte de la Generalitat Valenciana de edificios con valor histórico, adquiridos para ponerlos en uso como sedes administrativas, ha sido una política totalmente acertada. Una política, además, cuestionada en la actualidad por mor de la necesidad de ahorro y la voluntad de concentrar muchas sedes administrativas en el nuevo complejo Nou d'Octubre. El efecto global es que Ciutat Vella parece una ciudad, a día de hoy, devastada no hace mucho por una contienda bélica por la cantidad de solares que se aparecen a quien pasea por sus calles.

Algo realmente inusual en Europa e incluso en España, donde se usan más los instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico (incluyendo la expropiación por incumplimiento del deber de edificar) para paliar estos problemas. Sin duda, además, esta situación tiene mucho que ver con la política municipal de recalificar suelo en los lindes de la zona urbana para favorecer el incremento del parque urbano de viviendas a partir de grandes operaciones que generan más rendimientos y economías de escala. Probablemente una política mucho más restrictiva con estas recalificaciones, además de salvaguardar patrimonio como la huerta que rodea nuestra ciudad, habría sido el mejor acicate para forzar una apuesta por la rehabilitación urbana, tanto en Ciutat Vella como en otros distritos de València, que es especialmente necesaria en el centro histórico.

Frente a esta situación, las iniciativas que han luchado por sacar a Ciutat Vella de la deriva a la que las decisiones públicas la condenaban han sido de origen privado, cívico, vecinal. Una pauta que, además, la crisis económica está llamada a fortalecer, dado que los recursos públicos ni están ni se esperan y que, si se interviene, la única manera de hacerlo será con micro-intervenciones de poco coste y mucha repercusión, como las que llevan planteando asociaciones y grupos comprometidos con estos barrios. Que son mayoritariamente el resultado de la acción vecinal. Y que recuerdan permanentemente una cosa que nuestros gobernantes, en su megalomanía y ceguera, han olvidado demasiadas veces: los barrios son sobre todo de sus vecinos, son ellos quienes los llenan de vida y a ellos han de servir.

Han sido asociaciones vecinales como Amics del Carme las que han encabezado la batalla por lograr que el ordenamiento jurídico no desapareciera en las lindes de Ciutat Vella y que los derechos de los vecinos se reconocieran. Batalla que se ha hecho, increíblemente, contra el Ajuntament y su alcaldesa, que se han erigido voluntariamente en defensores de los intereses de los que quieren hacer negocio a costa de la salud de los demás. Los revolcones judiciales se han sucedido contra las políticas municipales, incluyendo la obligación de declaración de la zona como acústicamente saturada. Aun con la manifiesta voluntad de incumplir las decisiones judiciales de la que ha hecho gala el Ayuntamiento, los efectos de estas decisiones judiciales existen y es de esperar que vayan a más en el futuro. Un futuro que tiene que pasar por el respeto a la convivencia porque, si no, la muerte del barrio es segura. 

Igualmente, los escasos avances en materia de urbanismo y movilidad urbana también han tenido como protagonistas a colectivos ciudadanos, que han propuesto incansablemente medidas de pacificación del tráfico a un Ayuntamiento incapaz de entenderlas hasta que, al final, la fuerza de las evidencias ha hecho que, al menos, y aunque con muchos años de retraso, algunas peticiones sean atendidas: restricciones para el aparcamiento para no residentes, pacificación de las calles (zona 30)... Obviamente, queda mucho por hacer. Ciutat Vella es todavía considerada por el Ayuntamiento como una zona por la que han de pasar ejes viarios (Cavallers, Quart, Bosseria...) que tienen como función facilitar desplazamientos de parte a parte de la ciudad... ¡atravesando el centro histórico!

Algo absolutamente desquiciado que tiene también mucho que ver con las necesidades de esa hostelería de borrachera y productos congelados, que exige la llegada masiva de ingenuos primos a los que ofrecer servicios de calidad dudosa. Cualquier persona con sentido común y sensibilidad, por ejemplo, debiera alucinar con el espectáculo de un vial de dos y tres carriles entre el Mercat Central y la Lonja, quizás los dos elementos patrimoniales más valiosos de la ciudad, así como espacios de aparcamiento y la ocupación de la zona por autobuses y autobuses detenidos en la puerta de estos edificios. Que ni siquiera esta área, especialmente sensible y visible, sea tratada con respeto, lo dice todo respecto de la sensibilidad y capacidad municipal para entender las necesidad de la ciudad y sus vecinos.

Las iniciativas vecinales también han puesto en valor solares y espacios desocupados, con poco coste y mucha imaginación. El caso del Solar Corona es paradigmático en este sentido, pero la iniciativa, dado que está claro que la acción privada no tiene interés en dar uso a estos espacios (más allá de como aparcamientos ilegales) y a la vista está de que los poderes públicos no tienen ni las ganas ni el dinero necesarios para cortar de raíz el problema, habría que incentivarla y extenderla, dándole incluso amparo municipal, al estilo de lo que ya hace Zaragoza promoviendo microespacios en solares que no están en uso para pequeños jardines, huertos, zonas de juegos, etc. Todos ellos, por cierto, equipamientos de los que está muy necesitada Ciutat Vella.

Ciutat Vella es hoy un espacio vivo, muy activo, donde se confrontan la incapacidad pública para ayudar a la regeneración del barrio con pequeñas asociaciones y un tejido vecinal cada vez más sólido que ha decidido tomar las riendas antes de que la cosa se venga abajo bajo el peso de unas políticas que sólo aspiran a tener unos barrios de cartón piedra para que los turistas pueda pasearlos de día, empresarios de todo tipo sacarles el máximo dinero posible y el ocio más salvaje ocuparlo por la noche. Todo ello con unos vecinos a los que las instituciones, por lo visto, consideran mera parte de ese decorado y en consecuencia con los mismos derechos que un ficus. O menos. Frente a esa situación, los microespacios de deliberación y acción, de presión y de recuperación, que han surgido espontáneamente, son la mejor prueba de que Ciutat Vella no sólo debe ser otra cosa sino que puede, de verdad, serlo. Es imperioso que las Administraciones públicas tomen nota y pasen a apoyar decididamente una idea que de tan evidente es increíble que haya que reivindicar: los vecinos de Ciutat Vella son los protagonistas del barrio y las medidas que se adopten han de estar orientadas a hacerles el espacio público más habitable, agradable y útil, no menos.

*Andrés Boix Palop es profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València

Blog en http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix

Twitter: @Andres_Boix