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VALENCIA (EP). El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha manifestado este viernes que el Gobierno valenciano va a "exigir" aumentar su objetivo de déficit "el máximo posible", entre el 1,5 y el 2%, puesto que el actual sistema de financiación "perjudica" a la Comunitat Valenciana, que tiene un "déficit estructural de ingresos que propicia la cifra de déficit".

Císcar ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este jueves en Madrid y en el que se acordó la creación de un grupo de trabajo sobre los objetivos de déficit.

"Lo primero que se tiene que producir es que la Unión Europea diga sí a flexibilizar o modificar el objetivo de déficit del Reino de España. A partir de ahí es clara y evidente la voluntad del Ministerio Hacienda de poder trasladar esos efectos a las CCAA", ha argumentado Císcar.

A tal efecto, ha explicado, el grupo de trabajo creado ayer y compuesto por 20 personas, tres representantes del Ministerio y un representante de cada comunidad autónoma --que será alto cargo--, se reunirá con "con carácter inmediato" en la primera semana de abril.

En este encuentro, la Comunitat Valenciana defenderá "lo que ha dicho siempre", que tiene "un déficit estructural de ingresos que es lo que propicia la cifra de déficit". Según el portavoz del Gobierno valenciano, "con la financiación per cápita que tienen otras CCAA nosotros no solo no tendríamos déficit sino que incluso en algún caso tendríamos superávit".

En su opinión, éste es uno de los elementos a tener en cuenta a la hora del reparto del déficit ya que si el sistema de financiación otorga menos ingresos a la Comunitat Valenciana, "lógicamente no compite en igualdad de condiciones con las restantes CCAA" y la "perjudica". Esto será una "prioridad" a la hora de establecer un déficit "más flexible".

Por ello, para el Gobierno valenciano "es muy importante que el nuevo sistema de financiación entre en vigor el 1 de enero de 2014". Así lo defendió el conseller de Hacienda en el CPFF así se va a "defender siempre".

La ley contempla que la vigencia de un modelo de financiación es de 5 años. Únicamente en el caso del modelo aprobado en 2001 su vigencia ha sido superior. El 31 de diciembre de 2013 se cumple el plazo, por lo que el nuevo debe entrar el 1 de enero de 2014. También otras CCAA como Madrid o Baleares son partidarias.

Por último, Císcar ha garantizado que, tras la reunión del CPFF, se sabe que "habrá mecanismo de pago a proveedores". Una función que no va a corresponder al CPFF sino al Ministerio directamente.