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MADRID. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no quiso ahondar este jueves en las posibles sanciones a las que se someterán las comunidades autónomas en el caso de no haber conseguido el objetivo de déficit superando la cifra marcada por el Gobierno para éstas, del 1,5%.

 Según han explicado fuentes del Ministerio a Valenciaplaza.com, se encuentran a la espera de confirmar los datos para tomar una decisión sobre posibles medidas. Aunque no han concretado quien tiene que dar el visto bueno, se presupone que las cifras deben ser avaladas por el Eurostat para que puedan tener total validez.

A la espera de que se pronuncie Hacienda se encuentra la Comunitat Valenciana, consagrada como líder de todas las comunidades españolas en la cifra de déficit. De lejos se dejó en 2012 el objetivo marcado por el Gobierno para las regiones, escalando hasta el 3,45%, por lo que debería ser sometida a las sanciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por incumplimiento.

Aunque la sanción más clara podría ser la monetaria, hay un buen tramo de concesiones antes de llegar a ésta. Según la norma, a la que hizo mención Montoro durante toda la intervención, advierte de que en el caso incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las comunidades autónomas, el Gobierno realizará en primer lugar una advertencia pública para que se tenga constancia de forma general.

PEDIR PERMISO PARA ENDEUDARSE

Si el Gobierno considerara que hay incumplimiento del objetivo, un hecho que parece bastante claro en el caso de la Comunitat, la comunidad autónoma en cuestión precisaría de autorización del Estado para realizar operaciones de endeudamiento. Además, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de la Administración Central con comunidades autónomas incumplidoras precisará un informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el caso de incumplimiento, y según consta en la ley, la administración formulará un plan económico-financiero que permita en una año el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto. En este plan deberían constar las causas del incumplimiento del objetivo establecido, las previsiones tendenciales de ingresos y gastos o la descripción, cuantificación y el calendario de la aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.

También tendrá que realizar un plan de reequilibrio desagregando la evolución de los ingresos y los gastos de sus principales partidas, que permiten cumplir esa senda. Todos estos planes serán remitidos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que comprobará la idoneidad de las medidas incluidas y la adecuación de sus previsiones a los objetivos que se hubieran fijado. Si se considerase que las medidas contenidas en el plan presentado no garantizan la corrección de la situación de equilibrio, se tendrá que presentar un nuevo plan.

UNA SANCIÓN DEL 0,2% DEL PIB NOMINAL DE LA COMUNIDAD

En el caso de que se dé un incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, la comunidad autónoma tendrá que abonar una sanción el 0,2% de su PIB nominal a través de una depósito en el Banco de España. Este depósito será cancelado en el momento que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos. Si en el plazo de tres meses persistiera el incumplimiento se podrá acordar que el depósito se convierta en una multa coercitiva.

Pero éstas no son las únicas pegas que puede traer el incumplimiento del déficit a la Comunitat. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia el 11 de enero de 2012 que supuso el golpe de gracia a la capacidad de las comunidades autónomas para esquivar sin sancionaes los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por la Administración Central. En el caso de que la Unión Europea imponga sanciones a España por el incumplimiento de los objetivos de déficit, debería ser la propia comunidad quien pagara la sanción.

EL OBJETIVO PARA 2013, DEL 0,7%  

En la presentación de los datos del déficit, Montoro aseguraba que no serán necesarias nuevas medidas de ajuste, además de explicar que la mayoría de las comunidades han aprobado sus Presupuestos, y el resto están en una fase bastante madura, por lo que no hay razón alguna para introducir nuevas medidas en 2013.

El ministro de Hacienda insistió en que los objetivos de reducción de déficit público de todas las administraciones públicas para 2013 siguen "vigentes" y apuntó a que si la Comisión Europa dice de flexibilizarlos "ya veremos". En el caso de las comunidades autónomas, el objetivo para este año sigue siendo el 0,7% del PIB.

A pesar del incumplimiento del objetivo global de las comunidades autónomas, establecido en el 1,5% y rebasado hasta el 1,73%, Montoro reseñó que el esfuerzo de reducción del déficit estructural que ha hecho España es un "récord histórico" por su intensidad, sobre todo en un momento de recesión, con una caída de la economía del 1,4% en 2012. Además de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Murcia y Baleares no han cumplido el objetivo.