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VALENCIA. La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado las diligencias penales que había abierto a instancias de Les Corts contra dos exconsejero de Caja del Mediterráneo (CAM) por negarse a contestar las preguntas de los diputados en la comisión de investigación que se sigue en el parlamento valenciano por la crisis de la entidad alicantina. 

El presidente de Les Corts, Juan Cotino, a instancias del presidente de la comisión, Rafael Maluenda, del PP, remitió a la Fiscalía de la Comunitat Valenciana un documento en el que se apuntaba que Teófilo Sogorb, expresidente de la comisión de control de CAM, y Vicente Soriano, exdirector de recursos humanos, se habían negado a responder a las pregunras, amparándose en su situación de imputados por la crisis de la caja en la Audiencia Nacional y alegando que tenían derecho a no declarar contra sí mismos.

El objetivo del escrito enviado por el parlamento valenciano era saber si la actitud de los directivos era constitutiva de delito. La Fiscalía provincial, que fue la encargada de estudiar el caso, analizó distintas circustancias que cosntan en la respuesta remitira a Cotino y a la que ha tenido acceso ValenciaPlaza.com.

Lo primero que apunta el fiscal es que la norma penal "no contempla de forma expresa la sanción del que simplemente se niega a contestar a las preguntas que se le formulen en una comisión de investigación". Pero añade a continuación: "Ahora bien [según el reglamento de las Corts Valencianes] se puede deducir que los coparecientes en una comisión de investigación están obligados a contestar a las preguntas que se les plantee, la conducta del que pese a ser requerido y advertido de su obligación de declarar, se negare a ello, podría ser contemplada como un supuesto genérico de desobediencia a la autoridad".

Y he aquí el quid de la cuestión del archivo. "Esta posibilidad (...) habría requerido, sin embargo que se hubiese intimado expresamente a los comparecientes a contestar las preguntas que se les formulaban, bajo apercibimientos de incurrir en un delito de desobediencia". En ese caso, señala el fiscal, ya se podría haber entrado a ver si las razones que dieron para no responder justificarían el supuesto desacato.

"Sin embargo, nada de esto ha sucedido", lamenta el fiscal. "Ni se requirió a los comparecientes a contestar, ni se les exigió que justificaran sus afirmaciones de que se encontraban imputados (...) ni mucho menos se analizó si el alcance de las alegadas imputaciones constituían fundamento suficiente para entender justificada la negativa a contestar".

Y ahí llegan las palabras de Maluenda, transcritas literalmente del acta de la comisión e incorporadas al documento con el se archivan las diligencias. "¿Quiere reconsiderar su postura, dado que aquí no se investigan responsabilidades penales? (...) Si quiere reconsiderarlo y contestar algo, es el momento de hacerlo. Usted mismo".  

Para el fiscal, esto no es suficiente: "Es obbio que los comparecientes no fueron requeridos a contestar las preguntas que se les formularon, sino que la decisión de contestar se dejó a su voluntad. Huelga, por tanto, cualquier disquisición sobre la posible existencia de infracción penal por la negativa a declarar".

OTROS CASOS PENDIENTES

Les Corts también han pedido que se estudie la posible comisión de un delito por parte de Roberto López Abad, exdirector general de CAM, que también se negó a declarar, y de los directivos del FROB y del Banco de España, entre ellos Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que, directamente, se han negado a acudir a la comsión de investigación. Una situación, esta última, que difiere de la ahora desestimada, ya que en este caso no acudieron a la cita alegando que hay un conflicto de competencias y sobre a quién debe dar cuentas un organismo como el regulador financiero.