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VALENCIA. En el Norte de Europa también roban bicicletas. La imagen idílica del trabajador holandés que pedalea alegremente hacia su puesto de trabajo, sin temor a ser atropellado por un conductor irresponsable, tiene como contrapunto el elevado número de robos que se producen cada día en las zonas de estacionamiento público. Lamentablemente, la gente corriente sabe adónde tiene que acudir para volver a comprar su propia bicicleta o adquirir una similar a la que tenía, pues en las grandes ciudades del Norte suele haber un mercado negro organizado para ello por personas cuya actividad no consiste en generar valor para la sociedad, sino simplemente en confiscar la renta que otros producen. Son los rent seekers.

Desde un punto de vista económico, el problema de la apropiación de rentas o rent seeking no reside tanto en la justicia o injusticia de estas actividades, como en el despilfarro de recursos que ocasionan. Para protegerse de los ladrones, la gente ha de adquirir candados, que aumentan el peso a transportar durante el trayecto y encarecen el producto final. Además, puesto que ni tan siquiera mediante un candado se puede reducir sustancialmente la probabilidad de robo, hay muy pocos incentivos a adquirir una bicicleta de calidad, de modo que la gente acaba utilizando bicicletas usadas, cuyo valor es tan bajo que ni tan siquiera el rent seeker está interesado en expropiarlo.

Este es el destino de las sociedades que son incapaces de asegurar los derechos de propiedad sobre las rentas derivadas de la generación de valor: el nivel de producción disminuye y, con él, el bienestar de los ciudadanos. Indudablemente, el robo es un caso extremo de rent seeking, que todos consideramos reprobable por las connotaciones morales que tiene. Sin embargo, nos parece menos problemática la ingente cantidad de actividades que nos vemos obligados a hacer cada día, simplemente porque una ley obliga a ello, sin que seamos capaces de discernir el valor real de las mismas, y mucho menos de entender su conexión con el precio que pagamos por ellas.

Esta es la forma habitual que adopta el rent seeking en el sector público. Bajo el pretexto de promocionar algún tipo de actividad socialmente deseable, se crea una demanda artificial de servicios que, al no generar valor alguno, produce una mera transferencia de recursos de unos individuos hacia otros. Es más, los rent seekers compiten entre sí para apropiarse de estas rentas, pudiendo llegar a consumir una cantidad de recursos igual a la riqueza que pretenden expropiar a su legítimo propietario.

 Y así, florece todo un sector de apoyo al rent seeker: empresas que asesoran a la hora de pedir subvenciones, revistas pseudocientíficas (con factor de impacto) que cobran importantes comisiones por publicar artículos no evaluados por pares, congresos virtuales muy útiles en los procesos de acreditación, y cualquier otro ejemplo que puedan ustedes encontrar en sus sectores de actividad.

Como acertadamente señalan Murphy, Shleifer y Vishny (AER, 1993), en sí misma la apropiación de rentas es una actividad que disfruta de economías crecientes a escala, generando más y más rendimiento cuanta más gente se dedica a ella. Primero porque al aumentar el censo de rent seekers, disminuye la probabilidad de que sean sancionados por desarrollar este tipo de actividades, estimulando la aparición de más individuos no dedicados a la generación de valor.

Segundo, porque como se ha comentado antes, la amenaza de expropiación genera la necesidad de defenderse, de modo que no solo el rent seeker despilfarra recursos, sino también su víctima, que se ve obligada a contratar asesores, abogados o guardias de seguridad para evitar la expropiación de su riqueza.

Y finalmente, porque el rent seeking afecta a nuestra percepción sobre el funcionamiento de la economía de mercado. La gente acaba no entendiendo de qué depende realmente el proceso de obtención de rentas, convertido en una suerte de lotería amañada, en función de los contactos, la clase social o la adscripción política.

No es infrecuente que la reacción de la ciudadanía ante esta situación consista en desconfiar todavía más de la economía de mercado, reclamar nuevos controles y más intervención pública, propiciando de este modo la llegada de nuevos rent seekers, que no se levantarán cada mañana pensando en producir algo que los demás quieran consumir, sino en obtener los contactos que faciliten el acceso a las rentas generadas por otros.

La Teoría de las Élites Extractivas ha hecho fortuna en España. Recoge un hondo sentimiento de hastío por la sucesión de escándalos de corrupción producidos al calor de la burbuja inmobiliaria. Y además se ajusta perfectamente a la hispánica tradición de desviar a terceros las culpas de nuestros problemas. Un pequeño grupo de altos financieros, en connivencia con las cúpulas de los partidos políticos mayoritarios, mueven los hilos del sistema en beneficio propio, sin que la ciudadanía tenga capacidad para alterar el status quo.

Sin negar los problemas de representación política y selección de élites en nuestro país, quizá sea hora de considerar que nuestros problemas son más profundos que todo eso. Amplias capas de nuestra sociedad viven completamente desligadas del proceso de generación de valor, compitiendo por realizar actividades sin demanda social alguna, cuyo principio y fin se encuentra en alguna página pérdida del Boletín Oficial del Estado.

Por un momento, cabría preguntarse si la política es realmente lo único que no funciona. Si la corrupción es el origen del problema, o más bien la consecuencia de una economía que no se encuentra suficientemente orientada hacia el mercado. Porque siendo cierto que el capitalismo necesita a la democracia, la historia demuestra que no hay democracia posible sin un capitalismo vibrante.