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No es de recibo que el actual modelo produzca diferencias por regiones que socavan el principio de igualdad de oportunidades. Y es directamente irresponsable que, prestando servicios básicos a la ciudadanía como la educación o la sanidad, los ingresos de las regiones españolas sean extraordinariamente sensibles al ciclo económico, acentuando sus problemas presupuestarios en situaciones de crisis como la actual.

Una comisión de expertos, constituida con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Valencianas, ha elaborado un diagnóstico solvente de la situación cuantificando el incremento de la deuda de la Generalitat ocasionado por el déficit de financiación. El resultado es concluyente: el gobierno valenciano gasta menos y, a pesar de ello, se endeuda más que el resto de Comunidades Autónomas.

En el periodo 2002-2012, los distintos modelos de financiación autonómica han pasado una factura a los valencianos próxima a 11.000 millones de euros, la tercera parte del stock de deuda que acumula actualmente la hacienda valenciana. Incluso equiparando los ingresos per capita a la media nacional, la carga financiera de los pasivos acumulados hasta la fecha amenaza seriamente la viabilidad del gobierno regional.

EN ESTA OCASIÓN, VALENCIA HA OBRADO CON LEALTAD INSTITUCIONAL 

Valencia ha buscado el consenso social para abordar la negociación con el gobierno de Madrid, sin aspavientos, con responsabilidad y lealtad institucional. De hecho, asociaciones de empresarios, profesionales, sindicatos, y expertos independientes de distinta adscripción ideológica coinciden en el diagnóstico del problema: el País Valenciano es la región española peor financiada, y la reforma del modelo de financiación autonómica es urgente y necesaria.

En el plano político, los partidos de la oposición se han alineado con el gobierno valenciano en esta cuestión. Ximo Puig (PSPV): “la Comunidad Valenciana está por debajo de la renta per cápita española y en los últimos 20 años el Estado ha invertido por debajo de la media por habitante" (Europa Press, 8 de agosto de 2013). Enric Morera (Compromís): “los valencianos somos los terceros contribuyentes netos en tanto por ciento del PIB, pero los únicos contribuyentes netos con una renta per cápita inferior a la media española” (El País, 19 de Abril, 2013). Marga Sanz (Esquerra Unida): “hoy hay un consenso social y político sobre la necesidad de cambiar el sistema de financiación autonómica y acabar con la discriminación histórica que sufre el País Valenciano” (Debate sobre política general en las Cortes Valencianas, 24 de Septiembre de 2013).

EN ESTA OCASIÓN, VALENCIA HA SIDO TRATADA...COMO SIEMRE 

​A pesar de todo, la respuesta que ha obtenido el País Valenciano ha sido la habitual. “Vuelva usted mañana. Hoy, el panorama político no es favorable”. De nada ha servido la evidencia empírica que acredita la injusticia del modelo de financiación actual. De nada el consenso social alcanzado, ni las delicadas formas escogidas para la negociación, ni el esfuerzo realizado por el Consell por reducir el déficit en la medida de sus posibilidades. “Vuelva usted mañana, vamos a estudiar el problema”.

Dado que el tiempo se agota para la Comunidad Valenciana, cabría preguntarse cuándo es mañana en materia de financiación autonómica. ¿Cuándo será adecuado el panorama político? ¿Lo será después de que el gobierno pierda la mayoría absoluta como indican todos los sondeos? ¿Lo será después de las elecciones autonómicas que podrían alumbrar un cambio político en Valencia? A estas alturas, es inevitable poner en duda la voluntad real del partido en el gobierno para dar respuesta a un problema que afecta de lleno a la sociedad valenciana. Quizá haya llegado el momento de cambiar de registro.

LAS ALTERNATIVAS POLÍTICAS VALENCIANAS

Con la sombra de la intervención sobrevolando la calle Caballeros, muchos intentarán ahora arrimar el ascua a su sardina política. Desde hace algún tiempo, algunos partidos políticos ven en los desajustes del modelo de financiación autonómica una nueva oportunidad para reivindicar su cruzada recentralizadora, acusando al Estado de las Autonomías de introducir desigualdades en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. La realidad –mal que pese a unos pocos- es que el sector público siempre tuvo una presencia menor en el País Valenciano que en otras zonas de España. Y que el déficit relativo de servicios públicos en nuestra región ha disminuido en los últimos cuarenta años en lugar de aumentar.

Según datos IVIE-BBVA reproducidos en el gráfico adjunto, el stock de capital público per capita, que incluye el conjunto de infraestructuras públicas ejecutadas por los tres niveles de gobierno, ha sido sistemáticamente inferior en la Comunidad Valencia que en España durante todo el siglo XX, situándose 20 puntos porcentuales por debajo de la media nacional desde la Guerra Civil hasta la muerte de Franco.

Con todos sus defectos, el Estado de las Autonomías, ha permitido a la Comunidad Valenciana recuperar posiciones en materia de infraestructuras, aunque todavía queda margen para la mejora en múltiples aspectos que afectan a la vida de los ciudadanos como la educación o la sanidad.En todo caso, no será caminando hacia atrás como el País Valenciano encontrará respuesta a sus problemas actuales.

En sentido contrario, otros argumentan que el País Valenciano necesita que España avance hacia una mayor descentralización, hacia un estado federal que permita poner el cuentakilómetros a cero y negociar una nueva posición en el conjunto del Estado. Sin embargo, quienes sostienen este planteamiento no nos explican por qué motivo la negociación se saldaría con éxito en esta ocasión. ¿Acaso la sociedad valenciana ostenta hoy mayor poder de negociación?

En el plano económico, la renta per capita de la Comunidad Valenciana crece menos que la media nacional, en lo que puede interpretarse como una trayectoria a largo plazo ante la cual la sociedad valenciana no ha sabido encontrar respuesta. El debilitamiento de nuestros sectores industriales tradicionales, la pérdida de las cajas de ahorros y la parálisis del sector de la construcción, han afectado de forma diferencial a la economía valenciana, de forma que nuestros jóvenes encuentran mejores perspectivas de futuro fuera de los límites geográficos del País. Siete años después del inicio de la crisis, los valencianos sufren más paro, ganan salarios más bajos y disfrutan de menos oportunidades que en otras regiones españolas.

El fracaso económico valenciano es fiel reflejo de su fracaso político. Ante el aluvión de escándalos de corrupción y la falta de iniciativas en materia económica, la desafección de los ciudadanos valencianos hacia su gobierno ha crecido dramáticamente. Hoy por hoy, la Comunidad Valenciana registra una de las tasas más bajas de aceptación del Estado Autonómico. Con una deuda colosal y sin margen de maniobra para la acción política, la Generalitat Valenciana ha dejado de ser una solución para convertirse en un problema. Y aunque el cambio político parece inevitable, apenas genera ilusión entre la ciudadanía. El relevo al frente de la Generalitat es ante todo un hecho biológico, que se producirá por muerte natural o incomparecencia del actual partido en el gobierno, y no tanto por la irrupción de una nueva forma de hacer política.

Anemia económica y debilidad política no son los mejores compañeros de viaje para afrontar una dura negociación. Madrid lo sabe y Valencia lo sufre. Por ello, y ante el año electoral que se avecina, la sociedad valenciana precisa más que nunca de un liderazgo renovado, sobre la base de una coalición de partidos con un fuerte contenido programático y una buena dosis de responsabilidad histórica.