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VALENCIA (VP/AGENCIAS). El Ayuntamiento de Valencia deberá pagar 300.000 euros en concepto de daños y perjuicios a los propietarios de los edificios construidos en una zona incluida en el Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Avenida de Hermanos Maristas esquina General Urrutia, según afirma en un comunicado el PSPV.

La condena deriva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula la reparcelación de los terrenos en los que se han levantado las fincas, después de que tanto el PAI como la adjudicación del suelo urbano -en el 2000 a la urbanizadora Quatre Carreres- estén anulados por sentencias anteriores, según las fuentes.

El fallo se ha producido cuando las viviendas ya están construidas, y en la fase de ejecución de sentencia obliga a indemnizar a los propietarios recurrentes por los daños y perjuicios ocasionados, cifrados en unos 300.000 euros, añaden.

"MALAS PRÁCTICAS URBANÍSTICAS" 

El PSPV ha considerado al respecto que las "malas prácticas urbanísticas" del Consistorio valenciano están "arruinando las arcas municipales" y dejando el urbanismo en la ciudad "permanentemente bajo sospecha".

En ese sentido, el concejal socialista Vicent Sarriá ha afirmado que comienza el año como acabó, "con sentencias por los errores del PP", que en su opinión están ocasionando "graves perjuicios" económicos a los ciudadanos.

Según ha señalado, la anulación de la adjudicación y la reparcelación se produce porque en este PAI el Ayuntamiento cometió el "error" de "cambiar la delimitación del ámbito del Plan de Reforma Interior, modificando la sectorización e incluyendo terrenos que no formaban parte de su ámbito, causando un perjuicio a los propietarios del suelo".

De esta manera, los propietarios afectados recurrieron al TSJCV, que "les dio la razón anulando tanto el planeamiento como la reparcelación", ha sostenido Sarriá.

La sentencia se ha producido cuando los edificios del sector ya están construidos, por lo que "el Ayuntamiento no puede cumplirla", y en la fase de ejecución de sentencia "se le obliga a pagar a los propietarios recurrentes los daños y perjuicios ocasionados, que han supuesto un desembolso de 300.000 euros".

Sarriá ha comentado que la alcaldesa Rita Barberá "no puede permanecer impasible ante tantos errores y abusos en la gestión del urbanismo en la ciudad, donde las condenas son ya la práctica habitual. Unas veces por falta de transparencia y publicidad en la adjudicación de sectores urbanizables; otras por negligencia en los pagos de las expropiaciones; otras por vulnerar sistemáticamente la tramitación de expedientes o la aplicación de la ley de contratos de las administraciones públicas, y ésta por cometer un error urbanístico propio de principiantes en un proceso de adjudicación de un PAI".

En su opinión, Barberá "no puede permanecer impasible ante tantas sentencias de los tribunales y su silencio evidencia su complicidad con estas malas prácticas urbanísticas y con una reiterada gestión incompetente que debería hacerle replantearse cuál es su función como primera autoridad de la ciudad".