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VALENCIA. El próximo despido de unos 4.500 trabajadores de la Generalitat y sus empresas pueden colapsar los juzgados de lo Social de la Comunitat Valenciana. En previsión de la sobrecarga de trabajo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) solicitó el pasado verano más de una treintena de nuevos jueces que refuercen los tribunales ante la oleada de demandas previstas.

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha dado aún el visto bueno y alega falta de información para tramitar los traslados a estos destinos y transmitir al Ministerio de Justicia la necesidad de habilitar fondos para pagar a los nuevos jueces y dotarles de una infraestructura mínima para su trabajo.

Desde el CGPJ se asegura a Valenciaplaza.com que el Plan de choque para reforzar los juzgados de lo Social de la Comunidad Valenciana, remitido por el TSJCV, está pendiente de la Memoria de necesidades, en la que la institución valenciana ha de especificar el nombre y el destino concreto de los jueces demandados.

Aunque hace medio año que el TSJCV remitió la solicitud de ampliar la plantilla con un juez más cada dos juzgados, el órgano de gobierno de los jueces insiste en que la Sala de Gobierno del TSJCV ha de concretar la propuesta para que sea aprobada por el Pleno del CGPJ. Hasta entonces, no puede aprobar nada.

SOBRECARGA DE TRABAJO

Por su parte, desde el TSJCV se insiste a este diario que en Valencia se ha hecho todo lo que se debía hacer y es el CGPJ el que tiene que hacer los trámites preceptivos para que se satisfaga el refuerzo judicial. Entre estos trámites están la negociación con la Escuela Jurídica de Barcelona, donde se forman los nuevos jueces, para que sean estos los que se incorporen a reforzar los juzgados valencianos como primer destino de sus carreras.

Fuentes de la judicatura valenciana aseguran que la solicitud de ampliar plantilla se presentó nada más conocerse que Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) iba a hacer un importante recorte de personal (que finalmente será de 1.195 trabajadores), de modo que los trámites ya se habían iniciado cuando la Generalitat confirmó que la Administración valenciana prescindiría de unos 4.500 empleado.

Estas previsiones y la carga de trabajo que actualmente ya tienen los juzgados de lo Social hizo que el TSJCV se pusiera en contacto con los jueces decanos de los partidos judiciales con juzgados de lo Social en la Comunitat Valenciana para que especificaran qué iban a necesitar. Con esta información, se redactó el plan de choque con la demanda necesaria para Valencia (16 jueces más), Alicante (9 jueces) y Castellón (6 jueces), además de excepcionalmente, a los de Elche (2 jueces) y Benidorm (2 jueces).

CUENTA ATRÁS

Aunque la reestructuración del sector público empresarial debe estar ejecutada antes de fin de año para comenzar 2013 con las plantillas ya redimensionas, la mayoría de los ERE están pendientes de presentación y del de RTVV no se prevé que se ejecuten los primeros despidos hasta el 30 de noviembre.

En todo caso, las demandas individuales de los trabajadores afectados no inicirán su trámite judicial hasta que se fallen las demandas colectivas que presenten los sindicatos. Aunque los trabajadores dispondrán de 20 días entre la notificación del despido y la denuncia, deberán esperar unos dos meses de media hasta que comience a tratarse su caso, ya que este es el tiempo que se estima para juzgar las demandas colectivas.

De este modo, el incremento de actividad en los juzgados no se producirá hasta el mes de febrero y se prolongará durante el resto del año, según las previsiones hechas públicas por la Generalitat en las últimas semanas.