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VALENCIA (EP). La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pía Calderón, ha imputado al síndic del PP en las Corts y extitular de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en la conocida como 'causa de Cooperación' en la que se investigan presuntas subvenciones irregulares a ONG por parte de la extinta Conselleria.
La instructora, en una providencia con fecha de este lunes, ha citado a declarar a Blasco para el próximo 18 de octubre a las 10.00 horas, con la advertencia de que deberá comparecer asistido por abogado que le defienda. Blasco se apartó de sus funciones como portavoz del PP en las Corts de forma momentánea tras conocerse la resolución de la juez de primera instancia, que investigaba esta causa desde mayo de 2011.
La magistrada ha adoptado esta decisión una vez examinada la exposición remitida por el juzgado de instrucción número 21 de Valencia y las diligencias de investigación realizadas, que le llevaron a estimar la existencia de "sólidos indicios" de la participación de Blasco en la comisión de hechos calificados inicialmente como delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
EL TSJCV SE DECLARÓ COMPETENTE EL 5 DE SEPTIEMBRE
El pasado 5 de septiembre la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictó un auto en el que se declaró competente para seguir la investigación de la conocida como 'causa de cooperación', al estar vinculado en ella el portavoz del PP en la Cámara y exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien como diputado autonómico mantiene la condición de aforado.
La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que había investigado inicialmente estos hechos a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos, decidió en junio elevar al TSJCV la causa al considerar que en ella se desprendía la existencia de indicios de hechos delictivos de los que podía ser responsable Rafael Blasco.
El juzgado de instrucción número 21 de Valencia investigaba presuntas subvenciones irregulares a ONGs por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y, al considerar que había indicios para imputar a Rafael Blasco, decidió elevarlo al TSJCV, competente para investigar causas de aforados, un argumento que apoyó el fiscal.
En la exposición razonada elevada al TSJCV, la titular del juzgado número 21 de Valencia señalaba que había apreciado en el caso de Blasco "sólidos indicios de participación delictiva en la actividad ilícita que está siendo objeto de investigación", y consideraba que los hechos en los que indiciariamente habría participado se podían calificar como constitutivos de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal; prevaricación del 404; cohecho del 419; tráfico de influencias del 428; malversación de caudales públicos del 432 y falsedad documental del 390.
SIETE PIEZAS SEPARADAS
En la instrucción del juzgado número 21 se formaron siete piezas separadas y se pidió a la Agencia Tributaria la designación por los servicios de Inspección de uno o varios funcionarios para su adscripción a la investigación para auxiliar a los policías de la Brigada de Blanqueo de Capitales.
Durante la instrucción en el juzgado que se hizo cargo en primera instancia de la investigación se practicaron escuchas telefónicas que obligaron a decretar el secreto de las actuaciones en distintos momentos; informes periciales sobre el análisis de la legalidad de expedientes de la Conselleria de Solidaridad acerca de la adjudicación de subvenciones; análisis de cuentas bancarias de ONGD; detención de varias personas; testificales; entradas y registros y la certificación de la condición de diputado autonómico de Blasco.
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