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VALENCIA. Además de la crisis económica a la que debe hacer frente la Generalitat, el presidente Alberto Fabra está obligado a abordar otro problema heredado que menoscaba la imagen de un Gobierno ya de por sí debilitado por la actual coyuntura.
Los casos de presunta corrupción que se encuentran en los diferentes tribunales son varios. Cinco de ellos especialmente importantes ya sea por las cantidades de dinero a las que se refieren, lo elevado de los cargos implicados o el alto número de imputados con vínculos con el partido.
En este momento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se encuentra instruyendo la causa sobre los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y por supuesta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur.
De hecho, el magistrado al frente del caso, José Ceres, reanudó ayer las declaraciones con el testimonio en calidad de testigo del exconseller y portavoz -sin funciones- del grupo popular en Les Corts, Rafael Blasco. A lo largo de la próxima semana continuarán las declaraciones de técnicos, cargos y empresarios como testigos o imputados (una treintena en el total del caso). Ya han pasado por este trance ante el juez exaltos cargos que se encuentran imputados como Milagrosa Martínez, Yolanda García, David Serra, Ricardo Costa, Vicente Rambla o Angélica Such, quienes son además diputados en Les Corts.
También se encuentra ahora en manos del TSJCV el conocido como ‘caso de cooperación', que investiga el presunto desvío de fondos destinados a este ámbito. El número de imputados se eleva a más de 30, algunos de ellos exaltos cargos como Josep María Felip o Alexandre Catalá que fueron destituidos de inmediato por Alberto Fabra. Ahora, el TSJCV ha asumido la causa por los "indicios de delito" del aforado -es diputado en Les Corts- Rafael Blasco, quien además es síndic del grupo 'popular' en la cámara.
Fabra ya dejó entrever públicamente que si resulta imputado, una decisión que el TSJCV podría adoptar en las próximas semanas, debería abandonar su cargo en la dirección del grupo, algo que está asumido y consensuado con el exconseller. Blasco declaró ayer ante los medios "ser víctima" de un "linchamiento" y aseguró que irá al TSJCV y se comprobará que "no hay nada".
En una situación parecida se encuentra la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien espera -y "desea" según sus palabras- la imputación del TSJCV en relación a las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU, una rama del caso Brugal. Castedo ya ha advertido públicamente que no piensa dimitir por lo que se defenderá siendo alcaldesa de la ciudad si resulta imputada. Esta decisión complica la posición férrea de Fabra respecto a estas circunstancias judiciales entre los miembros del partido. También se encuentra en esa situación el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, al igual que Castedo, diputado en Les Corts.
Precisamente el juzgado de primera instancia número 3 aborda este miércoles las declaraciones por otra pieza separada del 'caso Brugal' relativa a la adjudicación del concurso de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) de Orihuela (Alicante) desde el año 2005. Entre los 29 imputados se encuentra la exsecretaria general del PP provincial alicantino y exalcaldesa del municipio, Mónica Lorente, quien declarará el próximo 1 de octubre por presunta prevaricación, revelación de secreto o información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude.
EMARSA, PROTAGONISTAS MENOS CONOCIDOS PERO MAYOR 'AGUJERO'
Por otro lado, continúan las declaraciones en el caso Emarsa en el juzgado de instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar el 'agujero' de 25 millones de euros en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo. El magistrado ha requerido a Hacienda la relación de ingresos y pagos de María Águila Aladren, única persona que permanece en prisión por esta causa y expareja del empresario José Ignacio Roca, principal imputado y que se encuentra en búsqueda y captura.
Mientras, el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, afirmaba el lunes en su declaración que desconocía que existiera ninguna trama de lodos en Emarsa y negó que el exgerente de esta última entidad, Esteban Cuesta, exdirigente del PP de Valencia, le hubiera dado dinero. También aseguró que no conocía al empresario Jorge Ignacio Roca, quien se encuentra en paradero desconocido.
El caso Emarsa ya acumula 33 imputados, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, quien abandonó sus cargos para centrarse en su defensa.
Otro de los grandes procesos judiciales abiertos que salpica a la Comunitat Valenciana y a cargos vinculados a la Generalitat es el conocido como caso Nóos. El juez instructor de las pesquisas, José Castro, prevé reanudar en octubre los interrogatorios sobre la actividad presuntamente delictiva llevada a cabo por esta entidad cuando al frente de la misma se encontraban el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres. Entre las citaciones que contempla acordar el magistrado se encuentra la del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.
Hasta el momento, varios exaltos cargos valencianos han resultado imputados. De hecho, algunos han dejado puestos destacados como Jorge Vela, director del IVF, quien estuvo al frente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa) o Luis Lobón, quien ocupaba la Secretaría Autonómica de Turismo.
Cacsa pagó a Nóos 3,1 millones junto con el organismo municipal Valencia Turismo Convention Bureau por organizar la cumbre deportiva Valencia Summit en los años 2004, 2005 y 2006.
que tropa: y en manos de estos han estado los presupuestos durante 18 años. No se que es peor si el elegido o el elector.
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