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MADRID (EFECOM/VP). El patriarca del clan Ruiz-Mateos permaneció ayer durante trece horas en la comisaría de Pozuelo de Alarcón por orden de un Juzgado de Palma, con el objetivo de garantizar que hoy compareciera para ser interrogado por un supuesto delito de estafa en la compra-venta del hotel Eurocalas.

Un esfuerzo que se reveló infructuoso: lo que la familia ha descrito como una estancia "en una sala pequeña, sin ventilación y sentado en una silla" han pasado factura y el empresario ha alegado problemas de salud derivados de su avanzada edad (81 años) y su detención para plantar hoy por tercera vez a la jueza de Palma, María Pascual.

En su lugar, ha acudido a los juzgados de Palma su abogado, el mediático Marcos García Montes, quien ayer se dejaba fotografiar con las tarjetas de embarque con las que demostraba la intención de acudir al requerimiento de la juez y denunciaba la "tortura psicológica" a su defendido.

Hoy, para García-Montes, la única culpable de que Ruiz-Mateos no se haya personado en Palma es la jueza, por los perjuicios para la salud del empresario que tuvo su detención, fórmula con la que paradójicamente María Pascual pretendía garantizar su asistencia.

Tampoco ha viajado a Palma, como estaba previsto, Begoña Ruiz-Mateos, que acompañó su padre en comisaría durante todo el día e incluso fue vista entrando con dos almohadas alrededor de las 20.00 horas de ayer y con lágrimas en los ojos, defender la honorabilidad de su padre.

"No es ningún ladrón, es una bellísima persona", insistió, para después arremeter contra la jueza: "Si a mi padre le pasa algo, la única responsable va a ser ella".

Dos de sus trece hijos, Álvaro y Javier, y el portavoz del empresario, Ignacio Fernández Candela, fueron otros de los protagonistas a las puertas de la comisaría, circunstancias que no les son ajenas a un empresario que ha intercalado sus estancias en prisión con fugas de la justicia e incluso con un periplo político que le llevó a ser eurodiputado entre 1989 y 1994.

 Comenzó hace treinta años, en 1983, con la expropiación de Rumasa. Memorables y siempre recordadas han sido desde entonces las apariciones del patriarca Ruiz-Mateos convirtiendo sus trifulcas judiciales en un espectáculo siempre a la vista de las cámaras, como cuando se dejó ver disfrazado de Superman o cuando agredió -al grito de "que te peg, leche"- al que considera uno de sus principales enemigos, Miguel Boyer, el ministro de Economía que ordenó la expropiación de Rumasa.

Famosos también han sido sus constantes desplantes a los jueces, como en aquella ocasión en 1987 en la que no se presentó en la Audiencia Nacional y se marchó de visita a santuarios marianos; en agosto de 1988 cuando no acudió a una nueva cita en la Audiencia y huyó a Portugal, o dos meses después, cuando sí se presentó ante ese tribunal, pero se negó a declarar, insultó al fiscal y se escapó en un descuido de la Policía camuflado con una peluca y un bigote.

Renacido empresarialmente en Nueva Rumasa, un imperio cimentado a base de comprar empresas en crisis, la emisión presuntamente fraudulenta de pagarés con los que buscaba liquidez -prometía una rentabilidad de hasta el 8 %- le ha devuelto a la primera línea informativa, jurídica y, ahora, policial.

Desde entonces las cámaras le retratan como un hombre con la salud deteriorada, invocando a su fe religiosa, reconociendo sin embargo su falta de fe en la Justicia y empeñado en asegurar que devolverá los fondos a los tenedores de los pagarés.

Y como un personaje público que -con Nueva Rumasa en concurso de acreedores, procesos judiciales en marcha y todo el entramado empresarial y económico bajo la lupa- sigue convirtiendo cada uno de los avatares de su historia judicial y económica en un auténtico espectáculo.