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VALENCIA. En plena época de recortes y cuando las políticas que desarrollan los gobiernos está más encaminadas a no gastar que a invertir (cuando no totalmente enfocadas a ese objetivo), los proyectos destinados a dinamizar la economía quedan en un segundo plano.
Sin embargo, si algo necesita la economía valenciana para poder plantearse un camino de retorno al crecimiento, aunque sea pensando en un medio plazo, es plantear una política industrial que reconduzca el modelo que durante una década estuvo tan centrado en el ladrillo que olvidó otros sectores.
Los dos últimos consellers de Empresa, Enrique Verdeguer y Máximo Buch, han tenido un perfil más enfocado precisamente a buscar esa complicidad con el sector industrial valenciano. Si bien Verdeguer no tuvo tiempo suficiente para dedicar esfuerzos a la parte empresarial de su Consellería de Economía, sí apuntó en sus discursos una voluntad de recuperar un tejido industrial perdido. Las urgencias de la deuda apartaron a Verdeguer de ese objetivo que Buch trata de mantener.
La Ley de Participación Institucional es el marco en el que el Consell quiere desarrollar su colaboración con las empresas para impulsar la industria. Se trata de un cambio en el concepto de subvenciones a las empresas que hasta ahora se venían dando. El fin es vincular el dinero público a la consecución de objetivos como la creación de empleo o el desarrollo empresarial que se pueda medir.
Sin embargo, los problemas económicos de la Generalitat han frenado el desarrollo de una idea que lanzó el propio Verdeguer y que el ejecutivo de Fabra mantiene sobre la mesa. La intención es recuperarla en el momento en que, primero, se resuelva la deuda que mantiene la Administración Valenciana con los empresarios y, segundo, cuando haya fondo para dotar planes de incentivos. No es un tema menor, ya que los planes de fomento del empleo y de ayuda a la actividad empresarial muchas veces pecan de exceso de optimismo pero de poco respaldo económico.
60 ACTUACIONES DE FOMENTO EMPRESARIAL EN UN AÑO
El Consell de Alberto Fabra ha tratado de sortear ese handicap con varias iniciativas de fomento del empleo y puesta en marcha de la economía durante este año de mandato. Una parte cuenta con un apoyo económico sin muchos alardes pero ajustado a la actual situación: el Plan de Incentivos está dotado con más de 155 millones de euros y el de Empleo Joven con más de 100 millones.
Sin embargo, el terreno en el que más puede avanzar la Generalitat, a falta de más recursos económicos, es en el de la reducción de trámites para lanzar empresas. La licencia exprés que permite abrir un negocio de forma inmediata es una de las reforma que se incluye en la Ley de Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa Empresarial, Emprendedores, Microempresas y Pymes para agilizar la puesta en marcha de negocios, y que incluye la reducción de 41 tasas y tarifas, incluida la exención del pago de tarifas del 100% en el primer año y del 50% en el segundo.
Pero uno de los retos que se ha marcado Fabra ha sido el de conocer de cerca la actividad empresarial valenciana. El presidente de la Generalitat se ha comprometido a visitar varias decenas de empresas de la Comunitat Valenciana. Una iniciativa que se puede considerar mediática pero que se antoja necesaria, habida cuenta de que en los últimos años la desconexión del Gobierno valenciano con el sector productivo fue notable. El furor inmobiliario y la pasión por los grandes eventos alejó a los dirigentes del Consell de sectores que hoy parecen esenciales para diseñar una política industrial que se echa mucho en falta.
En este campo, el presidente de la Generalitat celebró un encuentro con 23 pymes valencianas bautizado como 'Capavant, encuentros por el empleo', jornada que tiene vocación de continuidad. Además, Fabra ha mantenido un total de 56 reuniones y encuentros con representantes de asociaciones de empresarios, del sector de la agricultura, cámaras de comercio, sindicatos, cooperativas y gremios de la Comunitat Valenciana.
Y a esta inmersión se añaden las visitas personales a otras 23 empresas de la Comunitat Valenciana como Lladró, Consum, Clay Animation, Dolores Cortés, María Jaen, Queserías Jamesa, Istobal o S2 Grupo entre otras. Con algunas ha firmado acuerdos para la integración de estudiantes de Formación Profesional en las plantillas con prácticas remuneradas.
El balance económico que se hace de momento desde la calle Cavallers tiene cifras concretas: 155,4 millones de euros del Plan de Incentivos, 85 millones del Plan Valenciano del Emprendedor, hasta 500 millones de la Ley de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, 100 millones del Plan de Empleo Juvenil en la legislatura y 38 millones para programas de formación para desempleados.
Cifras en todo caso que están muchas de ellas sobre el papel y que tendrán que concretarse en un escenario de mayor liquidez de la Generalitat. En todo caso, Fabra está aplicándose una inmersión industrial que parece esencial para que el Consell apoye un despegue del tejido empresarial que es básico para buscar alternativas laborales a los más de 600.000 parados de la Comunitat Valenciana.
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