X. A.. 14/07/2012 El copago farmacéutico es la más señalada, pero los ciudadanos también deberán pagar por el transporte sanitario no urgente, el oxígeno o una prótesis. A todo ello se suma la incógnita en la Comunitat Valenciana de cómo afectará el control privado en la prescripción de fármacos

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VALENCIA. La crisis económica está representando fuertes medidas del Gobierno central y de los autonómicos con el objetivo de contener el gasto y cumplir con los del déficit. Una de las áreas afectadas más sensible a los ciudadanos es la sanidad: un ámbito sobre el que el Gobierno central está aplicando recortes y que en la Comunitat Valenciana, tendrá el añadido del cambio al modelo público-privado que todavía se encuentra en fase de estudio por los servicios jurídicos de la Generalitat. 

Entre las medidas adoptadas en el decreto 16/2012 del Gobierno de España destaca el copago farmacéutico. Una decisión que ya está en marcha y que grava adicionalmente los medicamentos entre un 10% y 20% a los pensionistas (con un máximo de entre ocho euros y 18 euros) y a la población activa en un 40%, 50% o 60% en función de la renta. Este ‘repago' -ya se abonaba una parte con anterioridad-, está generando fuertes polémicas. Una de ellas gira en torno a que se están utilizando los datos de renta de 2010, cuando la situación de muchos ciudadanos con la crisis económica ha cambiado.

Otra de las medidas en esta línea que el ciudadano es la exclusión de 426 medicamentos que antes estaban cubiertos y entre los que se encuentran antimucolíticos, antitusivos, pomadas... Según denuncia el portavoz parlamentario de Sanidad del grupo socialista, Ignacio Subías, "el gran problema" es que los ciudadanos tendrán que "adelantar el pago, con lo que los pensionistas son los que financian el sistema sanitario.

La Generalitat dice que devolverá el dinero en el plazo de tres a seis meses pero de todos es conocido que no están pagando a nadie. ¿Quién devolverá a los pensionistas el dinero que han adelantado?", se pregunta el diputado y también médico, quien viene de impartir diversas charlas en municipios explicando su visión sobre las medidas adoptadas en el ámbito sanitario.

Entre las medidas que los usuarios notarán en los próximos meses si se hacen efectivas tal y como están planteadas en el decreto del Gobierno central se encuentra el transporte sanitario no urgente. El paciente deberá pagar una parte, no menos del 10% a priori, por ser trasladado a un centro para una consulta o para tratamientos como la diálisis u oncológicos. De la misma manera, también deberá pagar al menos un 10% el enfermo por la oxigenoterapia y ventiloterapia que reciba en su domicilio. Otro de los servicios por los que el ciudadano tendrá que abonar el mismo porcentaje es el de las exoprótesis: sillas, collarín, ortopedia...

PARTICULARIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

El Consell ya ha adoptado iniciativas para controlar el gasto en materia sanitaria. Una de las que está en marcha es el menú único en los centros hospitalarios: los ingresados antes podían elegir entre más de una opción.

Otra menos anecdótica, según denuncia Subías, que están sufriendo los ciudadanos son "los aumentos de espera por la reducción de las sustituciones". A esto hay que unirle, añade, el cierre en verano de los centros de salud a las cinco de la tarde al igual que el de los servicios de urgencia en atención primaria.

Asimismo, el diputado socialista denuncia que la disminución de la concertación quirúrgica, como la relacionada con la operación de cataratas, se está traduciendo en un incremento de las listas de espera en este tipo de intervenciones. "La conselleria han asumido operaciones de este tipo que antes desviaban a los centros privados pero no han reforzado los servicios para cubrirlas, con lo que ha aumentado la lista de espera y empeorado la calidad del servicio", recalca el diputado socialista.

Al margen de estos problemas, todavía queda por desarrollar el nuevo modelo compartido de gestión sanitaria público-privada que puede afectar de forma sensible a los usuarios. El control para la mejora de la gestión otorgado al colaborador privado enunciado en el documento descriptivo de la Conselleria de Sanidad, apunta a una supervisión de la prescripción de medicamentos, exoprotesis y endoprotesis (implantes quirúrgicos), entre otros, que dejan en el aire la futura calidad del servicio.

"Es un modelo teórico basado en lograr liquidez y que terminará en romper la equidad: quien tenga más recursos no tendrá problemas y quien tenga menos, los tendrá. Están adoptando medidas ideológicas escudándose en la crisis económica", sentencia el diputado socialista.