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VALENCIA. Dos años después de la celebración de la última edición valenciana de la Copa América, la Marina Real Juan Carlos I presenta un panorama desolador de bases abandonadas, embarcaderos a la venta, un edificio referencial como el Veles e Vents sin apenas actividad y una zona de ocio junto a la playa de la Malva-Rosa.
Con un crédito de 320 millones de euros por pagar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y una larga pelea institucional que ha entorpecido el desarrollo del proyecto (según Generalitat y Ayuntamiento de Valencia), Pablo Landecho entró este lunes a su despacho de director del Consorcio Valencia 2007 con el encargo de sanear y llevar a la rentabilidad el complejo.
Aunque tiene asignado un presupuesto para gastos de funcionamiento de ocho millones de euros (23 millones si se cuentan los 15 millones en inversiones previstas inicialmente para 2012) y una plantilla de 30 trabajadores, la reformulación de las cuentas que se le ha encomendado le obligará a una importante reducción de costes.
Entre otros recortes está el de su propio sueldo. Mientras su antecesor percibía una nómina de unos 167.000 euros anuales (más del doble que el presidente Fabra), Landecho lo ha visto reducirse "de manera importante", según fuentes del consorcio.
REEQUILIBRIO DE PODER
A diferencia de su antecesor, el exjefe de gabinete de Francisco Camps llega con un nuevo reparto del poder político en la institución que se prevé clave para revitalizar el proyecto. Si hasta el pasado viernes el Estado contaba con un peso del 50% en la toma de decisiones, mientras que Generalitat y Ayuntamiento se repartían el resto; a partir de ahora la distribución será a partes iguales, con lo que el Gobierno central no tendrá capacidad de bloqueo.
La falta de voluntad política para el desarrollo del proyecto por parte de la Administración central, de distinto color político hasta ahora, ha sido la causa esgrimida repetidamente desde Valencia para excusar la parálisis en la que se encuentra la instalación.
En todo caso, fuentes conocedoras del proceso y sin vinculaciones políticas reconocen que en temas como la cesión de los terrenos de la dársena, de alta complejidad técnica, el Ejecutivo central no ha facilitado hasta ahora la labor. A partir de este momento se espera superar las trabas administrativas y que se complete el proceso antes de fin de año.
Más difícil es que se autorice la construcción de viviendas en el recinto, ya que exigiría cambios legislativos. Por el momento, únicamente es viable la edificación de hoteles o establecimientos de hostelería.
COMPETIR POR PRECIO
En la actualidad, el Consorcio gestiona un puerto deportivo, el edificio Veles e Vents y una zona de ocio. Además, tiene que dar salida a la sede de la antigua Aduana y a las bases de los equipos de la Copa América, la mayoría al día en el pago del alquiler pero en franco abandono.
Únicamente dos de las bases (BMW Oracle Racing y Mascalzone Latino-Capitalia Team), han salido al mercado en concesión administrativa, aunque el pliego de condiciones se está reformulando tras quedar desierta la primera convocatoria de concurso público.
La intención del Ayuntamiento es facilitar en una de ellas la instalación de la aceleradora de empresas de Silicon Valley Plug and Play, que ha manifestado su predisposición a pujar por el edificio que ocupó el BMW Oracle Racing, si se adaptan algunas de las condiciones a sus requerimientos.
Respecto a la zona de amarres, está desocupada en un 40%, a pesar de basar su estrategia de comercialización en el precio. Con un alquiler de 7,5 euros al día para barcos de ocho metros de eslora y hasta 485 euros al día para los de más de 80 metros son los más económicos del entorno de la ciudad de Valencia.
UN POLÍTICO DE ALTO PERFIL TÉCNICO
En el curriculum del hombre elegido para pilotar el proceso, Pablo Landecho, pesan los ocho años como miembro del equipo de Presidencia de la Generalitat y su designación como jefe de Gabinete de Francisco Camps entre 2009 y 2011, pero cuenta con una experiencia anterior centrada en la gestión económica y la asesoría tributaria.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra en 1993, es Master en Asesoramiento Fiscal de Empresas y comenzó su actividad profesional en J&A Garrigues, Andersen y Cía. En este despacho se curtió en cierres contables y fiscales en empresas de sectores diversos como el textil, azulejero, agrícola, inmobiliario y la construcción.
A los 30 años se incorporó a Broseta abogados, despacho al que volvió como asesor tributario externo tras su salida del equipo presidencial el pasado verano.
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