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VALENCIA. Tras 20 años de actividad en la atención a drogodependientes y personas en riesgo de marginalidad, la Asociación Valenciana de Ayuda a Personas Excluidas (AVAPE) ha declarado concurso voluntario de acreedores tras acumular hasta 2011 una deuda de 352.000 euros por impagos de la Administración valenciana.

"Ha sido una decisión responsables", asegura su presidente, Ramón Cuesta. El personal llevaba más de ocho meses sin cobrar y la organización era incapaz de mantener su estructura de pisos de acogida, centros ocupacionales y talleres en prisión para drogodependientes.

"Ni la Generalitat ni los ayuntamientos pagaban las ayudas que nos habían concedido y tuvimos que recurrir a pólizas de crédito avaladas por nuestro propio patrimonio", señala Cuesta. Hasta que llegó un momento en el que las entidades financieras pusieron las cartas sobre la mesa: "Si son deudas de la Administración, no pagamos nada", les comunicaron.

600 BENEFICIARIOS AFECTADOS

Fundada en 1992, la organización gestionaba plazas públicas de atención a personas drogodependientes, inmigrantes y desempleados desde 2000 y atendía a más de 600 personas entre reclusos, centros de día y viviendas tuteladas.

Cuesta reconoce que muchas otras ONG están en una situación similar, pero cree que son los primeros en solicitar esta figura jurídica en el tercer sector valenciano. Hasta tomar esta decisión tuvieron que ir reduciendo la plantilla a base de despidos objetivos y renunciaron a presentarse a los concursos que se convocaban.

A pesar de que una vez iniciado el proceso de declaración de concurso de acreedores a finales del pasado año han cobrado parte de los que se les adeudaba, aún queda por saldar 70.000 euros, una cantidad inasumible.

"El tejido asociativo valenciano estaba muy bien constituido por medio de pequeñas asociaciones, pero los impagos y cambio de la política de financiación, que ha primado a las más grandes, han hecho que se venga todo abajo", lamenta Cuesta, que intentará sacar a la organización del concurso sin entran en los créditos ICO a proveedores.

RECORTE AYUDAS DEL 65%

La situación que atraviesa AVAPE no es un caso aislado. La Administración valenciana adeuda más de 10 millones de euros en subvenciones concedidas y no pagadas desde hace más de tres años, según la red de ONG para el Desarrollo. En el conjunto del Estado, el montante supera los setenta millones, pero es la valenciana la segunda Administración con mayor volumen de impagos. Únicamente le supera Andalucía, donde los servicios públicos han dejado por pagar 38 millones de euros.

En el caso de cooperación internacional, las consecuencias que se derivan de esta situación y de la falta de los créditos bancarios supondría la desaparición de organizaciones sociales en los países más empobrecidos, aliadas de las ONGD españolas, por la imposibilidad de mantener la mínima estructura de gestión de los proyectos que se desarrollan conjuntamente.

Además, el recorte de las cantidades comprometidas por la Generalitat Valenciana para estasorganizaciones en 2012 es del 65%, un porcentaje superior a la media española, que es del 39%, respecto a 2011. Así mismo, la Ayuda Oficial al Desarrollo de los ayuntamientos y diputaciones en España ha descendido entre 2011 y 2012, pasando de 148 a 95 millones de euros, lo que significa un recorte de otro 36% respecto al 2011.