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VALENCIA. "La propuesta para privatizar la gestión de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana está totalmente coja", asegura Rosa Fuster, presidenta del Colegio de Médicos de Valencia a ValenciaPlaza.com. Tras la reunión que mantuvo el pasado jueves con el conseller de Sanidad, Luis Rosado, para conocer de primera mano las características del plan del Consell, sus conclusiones son contundentes: "Si no tienen más ideas, jamás va a optar ninguna empresa a ese concurso".

Con su experiencia en la gestión de recursos hospitalarios, Fuster asegura que el proyecto está hecho "desde un despacho" y muestra un desconocimiento práctico del trabajo médico. Al margen de cualquier planteamiento ideológico, considera que las referencias de gasto que se tomarán para ofertar la privatización de la dirección de los centros será engañosa para los interesados.

La idea de la Conselleria establece la privatización de la dirección externa, que afecta a la gestión de los servicios de lavandería, limpieza o farmacia, pero también de las resonancias, recetas, oxígeno, pruebas de alta tecnología o conciertos con centros como el IVO. Este último grupo, decidido por el personal médico dependiente de la Generalitat y que se mantiene fuera del alcance de los nuevos gestores, cambia año a año en función de la extensión de epidemias (como ocurrió con la gripe A) o los cambios poblacionales.

"Si la empresa no puede controlar la demanda de este tipo de pruebas, ¿como va a hacer números?". Según el planteamiento actual, la Generalitat cobrará a las empresas lo que se gastó el año anterior, y las gestoras negociarán mejores precios en la prestación de servicios. Pero si se incrementa el uso de determinados los servicios, se puede llevar lo comido por lo servido.

ALZIRA CONTRA TORREVIEJA

A diferencia de otras experiencias de gestión privada, esta propuesta sigue el modelo del hospital de Torrevieja, pero no tiene en cuenta que en ese centro el personal sanitario depende de la empresa y no cuenta con un estatus específico como trabajadores de la Generalitat.

La idea de proponer incentivos a los facultativos que ahorren dinero a la empresa con su praxis no tiene cabida en el resto de hospitales. "Si una persona mayor se cae en la calle y acude a urgencias, se le aplica el protocolo de pruebas con un ingreso de 72 horas, que tiene un coste de unos 5.000 euros. Sin embargo, si es atendido por un facultativo de atención primaria que asume el control y le manda a su casa tras un primer análisis, advirtiéndole que le avise si experimenta cambios, la empresa ahorra ese dinero y gratifica al médico con una cantidad muy inferior".

Esta opción de retribuciones no puede ser aplicada a los trabajadores de la sanidad pública valenciana, asegura Fuster. La alternativa sería tomar el modelo de Alzira, donde la empresa recibe una factura de la Generalitat en función de la población que asiste y no de los servicios que se prestaron en otros ejercicios.

RECORTAR EN POLÍTICOS

"Antes de empezar por recortar en la prestación de servicios sanitarios, deberían haber empezado por otros aspectos menos sensibles, como la estructura política", apunta Ferrer. Antes del traslado de las competencias en esta materia, el Instituto Nacional de Salud (Insalud) tenía tres direcciones provinciales, pero con la creación de la Conselleria no se eliminaron, sino que su sumaron. Lo mimos ha ocurrido con la asunción de otras competencias e instituciones políticas.

"Hay muchas manos muertas para pagar", sentencia Fuster, "pero todos los partidos le sacan partido al modelo actual". Como ejemplo asegura que España tiene cinco veces más diputados que Alemania, entre nacionales, autonómicos y provinciales.

La solución al actual gasto sanitario habría pasado, para la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, por la corresponsabilidad del médico en la factura y la mentalización de los pacientes para evitar el abuso. Sin embargo, "ahora el médico está defraudado y desorientado".

Respecto al turismo sanitario realizado por extranjeros, Fuster considera que debe ponerse límites, "como tienen otros países más ricos". "La descoordinación y la falta de compensación entre los países ha facilitado el fraude", concluye.

COLEGIOS PROFESIONALES EN PIE DE GUERRA

La propuesta de Sanidad se produce en un contexto de tensión entre la Administración española y los colegios profesionales por la transposición de la Ley Ómnibus de liberalización del sector servicios europea. Esta norma, pendiente de aprobación, elimina la colegiación forzosa y elimina el pago de cuotas, con lo que muchos colegios no podrán continuar su actividad por falta de fondos.

Rosa Fuster, como presidenta también de Unión Profesional (organización que reúne a los colegios profesionales), reconoce que no todos los colegios son iguales, ya que todos velan por sus colegiados, pero no todos tienen la misma importancia para la sociedad, por las garantías que ofrecen a los usuarios y clientes en el caso de médicos, abogados o ingenieros.

"La propuesta puede tener unos principios ideológicos interesantes, pero erróneos", señala. Por ese motivo exige a las administraciones central y autonómica que modifiquen la propuesta europea a la propia "idiosincrasia" de España y sus colegios profesionales. "Si no existe la misma fiscalidad en toda Europa, no tiene porqué igualarse en este asunto".