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VALENCIA. Los dos exámenes pendientes de la Comunitat Valenciana -y para el resto de autonomías- se acercan. El primero, el plan de viabilidad a presentar el 30 de abril -próximo lunes- como fecha tope y, el segundo, su defensa en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará la primera quince de mayo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha avisado: quien no supere la prueba, será 'carne' de intervención.

Desde el Gobierno Valenciano, se presentaron facturas de proveedores por 4.069 millones de euros: líderes indiscutibles en el montante total de pagos pendientes, seguidos a considerable distancia por Andalucía, que solicitó 2.763 millones. El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hizo pública su sospecha de que otras comunidades autónomas no habían puesto sobre la mesa todas sus facturas.

Ahora, el Consell prepara los ajustes -se presentarán mañana- que incluirá en el plan viabilidad para reflejar el compromiso en la devolución del préstamo que provenga del conocido como 'Plan Montoro', generado para consumar el pago a los proveedores, una medida que en la Comunitat Valenciana beneficiará a más de 10.000 empresas y autónomos. Entre las iniciativas que el Ejecutivo de Fabra baraja se encuentra la de recuperar el impuesto sobre el patrimonio, aunque esta no tendría reflejo efectivo hasta el próximo ejercicio. 

Cristóbal Montoro se mostró ayer muy claro respecto a los planes de las CCAA: "Como prevé la ley y como venimos anunciando, si hay que intervenir alguna autonomía que no esté en la senda de consecución del déficit público, se hará", aseguró en rueda de prensa tras rechazar el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Durante el debate, el ministro de Hacienda anunció que en la primera quincena de mayo se convocará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí, los planes de cada región serán revisados y, en caso de que no se cumplan los criterios establecidos de cara al objetivo del déficit, el Estado podría intervenir cualquier comunidad autónoma que no se ajuste a los requisitos.