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VALENCIA. La elección de Joaquín Puig como nuevo secretario general por una amplia mayoría en el recién finalizado XII Congreso del PSPV constituye un síntoma de esperanza en el por largo tiempo considerado, con todo motivo, principal partido de la oposición de la sociedad valenciana. Los últimos cónclaves de la organización socialista se saldaron con exiguas mayorías que, a la postre, demostraron ser incapaces de ampliarse en la gestión posterior.

Ensimismado en el reparto de los despojos, desde la salida de Joan Lerma de la Generalidad la organización que debía representar una alternativa al Consell del PP, ha sido un partido autista en lo que se refiere a la articulación de propuestas propias sobre los problemas de los valencianos. Una falta de propuestas que es un elemento clave para explicar lo que ha venido ocurriendo entre nosotros.

No se trata, como es obvio, de hacerlos responsables de los desmandes que, de Terra Mítica a Emarsa, han colocado la corrupción y el despilfarro en la Comunidad Valenciana en el primer plano de la actualidad. Ni tampoco de la tasa de desempleo superior a la inaceptable media española respecto al resto de los países avanzados. Pero parece fuera de discusión que si los gestores de la Administración valenciana en sus diferentes niveles hubieran tenido la tensión de la competencia que debe dominar la vida democrática en la forma de un PSPV con alternativas reales de gobierno, el panorama actual sería otro.

Los gobernantes hubieran extremado el control sobre esa ola de corruptos que nos ha hecho aparecer como una sociedad aparte dentro de España (y de gran parte de Europa) y la lucha contra la crisis económica desde la Generalitat hubiera contado al menos con alguna medida relevante. La elección de Ximo Puig como secretario general por tan amplia mayoría constituye, pues, una buena noticia. Y una esperanza.

Pero al mismo tiempo, contemplando la composición de su equipo no parece que haya espacio para demasiadas ilusiones sobre la posibilidad de un cambio en el panorama político de la Comunidad Valenciana. En primer lugar porque aunque la alternativa surgida en Alicante tuviera las ideas claras, y tiempo ha tenido Puig en su dilatada carrera política para adquirirlas, su plasmación práctica no será sencilla. Su ausencia del devaluado parlamento valenciano es un escollo de magnitud para visualizarlo como jefe de la oposición (con permiso del animoso aunque inmaduro grupo de Compromis).

Pero es que además la propia macroejecutiva de la que se ha dotado, ineficaz por definición, suscita la duda de si va a dirigir el partido para satisfacer las demandas ciudadanas o si su preocupación es hacer frente a las cuotas de los mercaderes que han venido dominando el PSPV. La mastodóntica comisión ejecutiva apunta a esto segundo.

Señala una tradicional convicción anglosajona surgida de la experiencia de la cultura empresarial que si se desea ser eficaz, no se debe acudir jamás a una reunión de más de media docena de personas. Si, como parece claro, es una constatación veraz ya se puede vaticinar la inutilidad de una ejecutiva de 69 personas para articular una alternativa al PP.

Pero es que además, su composición no deja de aumentar las dudas acerca del camino emprendido por Puig. Elevar a segunda voz del PSPV a una desahuciada Leire Pajín, la ministra peor valorada de forma sistemática en el gobierno de Rodríguez Zapatero, no parece una decisión inteligente. Por otro lado, quien, a pesar de su juventud, es ex de casi todo no ha demostrado hasta este momento interés alguno en los problemas del conjunto de los valencianos. En todo caso, de los alicantinos y mucho más claramente de los benidormenses (¿benidormíes?), ciudad en donde su familia forma un grupo de presión inadmisible en un marco democrático de orientación progresista como el que se le supone al PSPV.

Y ciudad tmbién cuyos lobbies hoteleros vienen ejerciendo un particular chantaje sobre la política turística de la Comunidad Valenciana de los que Pajín ha sido valedora en ocasiones. Eso por no mencionar a Romeu, cuyo oportunismo político, siempre a caballo ganador, no anuncia nada bueno en la imprescindible regeneración política del PSPV.

No es el único rasgo llamativo. La incorporación de una sólida política como Ana Botella, aunque sea más que dudoso que fuera esa la primera opción de Puig para economía, o de Miguel Soler, se contrapone con la aparición de viejas glorias más que amortizadas en el socialismo valenciano que suscitan la duda de si Puig sabe que estamos en el siglo XXI. Su presencia solo cabe explicarla por el reparto de cuotas tan querido como perverso en la vida de los últimos decenios del socialismo valenciano.

Que a estas alturas del siglo XXI aparezca de nuevo en escena Vicent Garcés (ejecutor de la política de Manolo Mata en Esperanza Socialista) y además en una secretaría de la importancia como la de Asuntos Europeos, es síntoma claro para un mal pronóstico. Que lo acompañen Ciprià Ciscar, en la cuota de Pajín, Jesús Ros o Joan Calabuig, perdido antes de empezar el combate por articular la alterativa a Barberá, no añaden sino motivos de escepticismo acerca de que la completa ausencia de tensión democrática en la vida interpartidaria valenciana vaya a cambiar en el medio plazo, en beneficio de todos.

En política, como en tantas cosas en la vida, querer no es poder. Hay que adoptar las medidas adecuadas para que los deseos se transformen en realidades. Y las medidas adoptadas ayer no ayudan a ser optimista. Cabe esperar, empero, que en los primeros 100 días, Puig muestre toda la capacidad que se le supone. Al menos la que le han atribuido el 61% de los delegados de un partido que, si no modifica sus comportamientos, está abocado a tener una representación menguante de los valencianos. Con permiso de Alarte y los suyos, quienes en el mismo instante de haber sido desplazados del poder parecen acordarse de todo lo que no han hecho.