A. MOHORTE. 16/03/2012 Las acusaciones de inefiencia en la detección del fraude en la Comunitat Valenciana llegan después de una bajada del 38% del presupuesto de la Dirección General de Tributos a lo largo de los últimos cuatro años, tanto en personal como en medios técnicos

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VALENCIA. La Conselleria de Hacienda y Administración Pública recuperó 6,83 millones de euros que se querían defraudar en la Comunitat Valenciana en 2011, pero las estimaciones más optimista consideran que esto no es ni la cuarta parte de todo lo que los valencianos han ocultado al fisco.

Faltan medios y los recortes que se avecinan en el personal de la Generalitat, según distintas fuentes conocedoras de la situación, hacen presagiar una agudización de la reducción de presupuestos que padece la Dirección General de Tributos.

El presupuesto de este área ha sido recortado de forma constante desde 2008, aunque la economía sumergía se había multiplicado por cuatro en los diez años anteriores, según el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.

CUATRO PRESUPUESTOS EN BARRENA

El departamento encargado de la detección del fraude en la Generalitat ha visto bajar su presupuesto un 38,76% entre 2009 y 2012, bajando de los 71 millones de euros a los 43 millones en este periodo. Las mayores rebajas han sido en compra de bienes y gastos de funcionamiento, aunque los gastos de personal han experimentado una bajada del 7,65%, perdiendo 1,3 millones de euros.

"Faltan medios y con los nuevos recortes que se prevén en las administraciones autonómicas esta situación va a ir a más", asegura Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.

Los interinos están en el centro del debate. "Ellos van a ser los primeros en sufrir el ajuste", advierte Cruzado. En efecto que esta medida puede tener en la capacidad inspectora de la Dirección General de Tributos se estima considerable, ya que buena parte de los trabajadores de este área están bajo esta modalidad contractual, según denuncian los sindicatos.

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA

Sólo en el caso de la economía sumergida, con las últimas estimaciones de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha, en 2009 la economía surgida movía en la Comunitat Valenciana 24,7 millones de euros y, si se redujera a los niveles medios en los países de la Unión Europea se podría haber recaudado 3,7 millones más de los que se obtuvieron gracias una correcta inspección.

"Falta voluntad política para afrontar la defraudación", denuncia Cruzado. De hecho, no existe ni una estimación oficial del nivel de la economía sumergida y el fraude en España, a excepción de las que realiza el sindicato de técnicos de Hacienda o algún estudio específico de la Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS, LA 'MARÍA' DE LA CONSELLERIA

La dirección general de Tributos nunca ha sido una pieza especialmente atractiva desde un punto de vista político, según distintos conocedores de los entresijos de la Conselleria de Hacienda.

Cuando sube la corriente todos los barcos flotan y, en tiempo de bonanza, ni generaba complicaciones ni ofrecía una presencia pública que permitiera a su responsable un salto a otros niveles políticos, de hecho, su responsable las últimas cuatro legislaturas no ha cambiado: Araceli Muñoz Malo.

Licenciada en Derecho por la Universitat de Valencia, obtuvo su plaza como funcionaria de carrera del grupo A en 1989, tanto para la Generalitat Valenciana como para el Ayuntamiento de Valencia. Fue en el consistorio de la capital donde empezó a colaborar con José Luis Olivas, entonces concejal.

La designación de Olivas como conseller de Economía del primer Gobierno de Eduardo Zaplana permitió a Muñoz incorporarse en el equipo del nuevo rector de la economía pública valenciana y futuro presidente.

REFLEJO DE LA CRISIS Y DE LA REBAJA FISCAL

Sus colaboradores aseguran que su perfil profesional es fundamentalmente técnico, lo que le ha permitido no casarse con ninguna de las corrientes políticas del Partido Popular. De este modo, ha visto cuatro presidentes de la Generalitat: Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra; y a estado a las órdenes de cuatro consellers: José Luis Olivas, Vicente Rambla, Gerardo Camps y José Manuel Vela.

Sin embargo, ha sido con el inicio de la crisis cuando la labor de su departamento ha saltado a primera línea, no tanto por su gestión, sino por reflejar la evolución de la pérdida de riqueza valenciana y los efectos de la supresión de impuestos en el pasado.

De este modo, la liquidación de los Presupuestos de la Generalitat de 2010 (publicada en el DOGV del 29 de agosto de 2011) reflejaba cómo la principal fuente del descuadre presupuestario se debía a la caída de los ingresos por vía fiscal, elevando el déficit hasta los 2.713 millones de euros.

El tramo del IRPF se dejó 760 millones en el ejercicio, mientras que el IVA prácticamente se redujo a la mitad, de los 1.929 millones de 2009 a 978 millones en 2010. La supresión del impuesto del Patrimonio por parte del Consell también recortó los ingresos por impuestos en 216 millones de euros.

Por lo que se refiere a los ingresos por transferencias y subvenciones del Estado, en 2010 se sumaron 4.075,8 millones de euros, lo que ha supuesto 282 millones de euros menos que en el ejercicio anterior.