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La banca aplaza la deuda inmobiliaria para retrasar una mayor carga de ladrillo

A. MOHORTE. 23/02/2012 Problemas organizativos de los bancos y necesidad de dosificar los impagos inmobiliarios aplazan la refinanciación del pago de la deuda de las principales constructoras valenciana

VALENCIA. Si en 2009 las refinanciaciones se firmaron en la confianza en una futura recuperación, hoy es la certidumbre de que la crisis inmobiliaria ha venido para quedarse en el sector y en sus balances lo que ha animado a las entidades financieras a aplazar la ejecución de sus prestamos.

Fuentes conocedoras de la negociación de la deuda de la familia Batalla reconocen que el aplazamiento de esta y otras operaciones de refinanciación no responde a una súbita recuperación de la confianza en este sector. "Ya se fue demasiado optimista sobre la recuperación en 2009 y ahora estamos pagando las consecuencias".

Actualmente, el problema de la deuda está en el tejado de las entidades financieras y es doble. Por una parte, no pueden sumar a sus balances impagos de esa magnitud y prefieren meter tiempo de por medio para asimilarlos poco a poco. Por otra, los equipos negociadores de las entidades han cambiado tantas veces en un año que a los actuales les expira el plazo de la refinanciación a mitad de la negociación y buscan darse más margen.

EL JUEGO DE LAS SILLAS

"Si te cambian dos o tres veces los equipos de negociación, no hay manera de desarrollarla debidamente", aseguran fuentes relacionadas con estos procesos. A esta situación se suma el hecho de que son las centrales en Madrid las que llevan el trabajo, por lo que el nuevo negociador debe ponerse en antecedentes sin la visión de contexto que podría tener si procediera de las territoriales afectadas.

Antiguo edificio de Juzgados (Lubasa), junto a la Puerta del Mar de ValenciaAdemás, los superiores de estos equipos también han sufrido fuertes conmociones. Las dimisiones y tensiones internas de Bankia entre Bancaja y Caja Madrid; la intervención por parte del Banco de España de la CAM y Banco de Valencia; o la asimilación de Banco Popular de Banco Pastor son algunos de los casos más sonados de los pool de acreedores financieros más habituales.

La palabra maldita para las empresas en estas reuniones es 'comité', ya que cuando los representantes de las entidades anuncian que tratarán la propuesta en un posterior comité es una garantía de nuevas demoras. "Se están alargando innecesariamente", reconocen desde una destacada constructora, "dificultando la recuperación de la empresa".

EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS PRÓRROGAS

Los cambios y la acumulación de casos en Madrid ha hecho que el análisis y resolución de las propuestas llegue en muchas ocasiones cuando la empresa ya no puede cumplir en las condiciones que ella misma había ofertado anteriormente. "No se puede tardar un año en una renegociación. Sólo hay que pensar en cómo estábamos en febrero de 2011".

El desgaste que están experimentando las empresas y el endurecimiento de las condiciones de las entidades han hecho de las renegociaciones el cuento de nunca acabar, aunque distintos profesionales insisten en que la mayoría acabarán mal. Especialmente para las entidades, que no quieren sumar más ladrillo.

"Cuando les vaya tocando el turno, están condenadas a la dación en pago, si queda algo que dar", reconoce un veterano de estas operaciones. "Hay que asumir que no vendrán tiempos mejores, sino que con lo que hay nos las tenemos que apañar, y rápido", reconoce un destacado responsable de la actividad inmobiliaria.

LOS BANCOS, AL LÍMITE

Una clave en esta huída hacia delante es la propia carga inmobiliaria de las entidades. Sólo las siete entidades acreedoras de Obinesa (Santander, Banco de Valencia, Banco Popular, Banesto, Bankia, BBVA y CAM) tiene que digerir algo más de 35.000 millones de euros.

Para tomar perspectiva, hay que tener en cuenta que ninguna de ellas reconoce cubrir más de un tercio de estos activos (a excepción del Santander, que cubre el 50% de los 8.552 millones de euros en ladrillo que acumula en sus balances). Sin embargo, el Real Decreto sobre Saneamiento del Sector Financiero obliga a todas las entidades a elevar estas provisiones por encima del 50%.

Para complicar la situación, la acumulación de activos inmobiliarios del sector bancario español ha crecido en más de un 36% en 2011, según estimaciones del propio sector. A este ritmo, distintos observadores insisten que las actuales prórrogas no deben animar a lanzar las campanas al vuelo.

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