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BRUSELAS (EFE). La última y tercera versión del borrador varía sustancialmente del texto anterior, puesto que quita a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia de la UE de nuevo poderes para supervisar todo el cumplimiento del título III -sobre el pacto presupuestario- y vuelve a referirse solo al artículo 3(2) sobre la regla de oro y los mecanismos para corregir desvíos de déficit.

Un país de la UE podrá llevar a otro ante el Tribunal de Justicia si considera que ese Estado no ha consagrado adecuadamente la "regla de oro" en su Constitución, tal y como constaba en el primer borrador, pero ahora puede "invitar" a la Comisión Europea a emitir un informe sobre esta cuestión y ésa debe dar al país señalado una "oportunidad" para remitirle sus observaciones.

El nuevo texto prosigue que si la Comisión confirma entonces un incumplimiento, el país será llevado ante el Tribunal de Justicia "por las partes contractuales".

En la anterior versión un país podía denunciar a otro ante el Tribunal si constataba un incumplimiento de todo el título III, y la Comisión Europea podía, "en nombre de las partes contractuales", iniciar una acción legal ante la corte de la UE por eso.

En la última versión del borrador se especifica que el déficit estructural (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) no debe exceder del 0,5 % del PIB al año "a precios de mercado".

El documento también rebaja la exigencia de consagrar la regla de oro "en provisiones nacionales vinculantes a nivel constitucional o de naturaleza equivalente" como se decía previamente, pues ahora habla de provisiones de fuerza vinculante y de carácter permanente, preferiblemente constitucionales que deben ser garantizadas a través de procesos presupuestarios nacionales.

El borrador fija además que la regla de oro debe estar funcionando "un año después de la entrada en vigor del tratado".

El texto aclara que los países pueden derivarse de sus objetivos a medio plazo en caso de "acontecimientos inusuales que escapa del control" de los gobiernos y que tienen un gran impacto en su posición financiera, o en periodos de severos riesgos económicos", si no pone en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

En el caso de que la deuda es muy inferior al 60 %, los países pueden registrar un déficit del 1,0 % del PIB a precios de mercado.

Otro cambio que suavizado el pacto se observa en el artículo 7, en el que se ha eliminado de nuevo el criterio de deuda para la imposición de sanciones, y solo se limita al déficit, lo que favorece a aquellos países, como Italia, que acumulan niveles de deuda sustanciales y que se opusieron a esa formulación.

También ha cambiado de nuevo el número de países que debe haber ratificado el tratado para que entre en vigor: en la primera versión fueron 9, en la segunda 15 y ahora 12.

Por primera vez se fija una fecha de entrada en vigor del tratado, el 1 de enero de 2013, si 12 países miembros de la eurozona han ratificado el documento, o el primer mes después del depósito de los instrumentos de ratificación de 12 países del euro.

En lo que es considerado una victoria para el Reino Unido, el nuevo borrador elimina además en el propósito y el alcance del tratado la referencia a una "integración más profunda del mercado interior", un tema muy sensible para Londres, que se ha autoexcluido del tratado.

Varios diputados que representan a la Eurocámara en l redacción del tratado tacharon de "inaceptable" el nuevo borrador, ya que consideran que no es compatible con la legislación europea vigente y, en concreto, no garantiza que las decisiones se tomen conforme al método comunitario.