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VALENCIA. Que la dirección de una entidad esté negociando con el comité de empresa el alcance de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no tiene actualmente mucho de particular, si no fuera porque la organización afectada es el sindicato UGT del País Valencià, que negocia con los representantes de sus 300 trabajadores un mínimo de 30 despidos.

El alcance y la fecha de ejecución están por definir, aunque "todo depende de cuándo haya dinero para costear las indemnizaciones", apunta un conocedor del proceso. Desde el sindicato se advierte que toda la carga del recorte no va a recaer en los trabajadores, sino también en el gasto ordinario y de gestión.

Aunque desde el sindicato se asegura que han incrementado las afiliaciones, los nuevos ingresos no han compensado el "trasvase" de trabajadores que pagaban la cuota general y ahora abonan la especial, destinada a desempleados que sólo pagan un 50%.

Por otra parte, el sindicato carga también las culpas a la "importante disminución de ingresos" fundamentalmente procedentes de convenios con las administraciones públicas valencianas. Un motivo repetido por todos los agentes sociales al aplicar su medidas de ajuste.

LOS OTROS IMPAGOS DE LA GENERALITAT

Tanto patronales como sindicatos llevan años adelantando el coste de los cursos de formación que se establecen a partir del Plan Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE). Según este acuerdo, la Generalitat distribuye los fondos que recibe del Estado entre Cierval (50%), UGT (25%) y CC.OO. (25%).

Hasta ahora, tanto patronales como sindicatos adelantaban el pago de estos cursos y luego lo cobraban. A partir de 2010, la Generalitat dejó de pagar en tiempo y forma, hasta acumular desde entonces unos impagos que alcanzan el 75% de los fondos comprometidos.

"Al principio se podía llevar, pero la bajada de los ingresos por las cuotas y la acumulación de impagos ha hecho que muchas federaciones ya no soliciten las ayudas autonómicas. Tienes que elegir entre quedarte sin actividad o quedarte sin dinero", reconoce un gestor sindical.

LOS PATRONOS PREDICAN CON EL EJEMPLO

En las mismas circunstancias se encuentra la patronal alicantina Coepa. La noche del jueves su Comité ejecutivo aprobó un Plan de Financiación para el próximo año que incluye la reducción del Presupuesto en un 54%.

En materia de personal, va a reducir en un 20% la partida destinada a recursos humanos, lo que significa 19 despidos, un 15% de la plantilla. De todos modos, la organización no descarta que este porcentaje aumente durante el próximo ejercicio si es necesario "un paulatino ajuste de su estructura a los nuevos escenarios".

Dos semanas atrás, la patronal de Valencia, CEV, hacía lo propio con el cierre de la mitad de sus oficinas comarcales y el despido de un 16% de la plantilla, 8 trabajadores. En su discurso de despedida como presidente de la organización, José Vicente González, les recordó el pasado jueves.

"En cuarenta años como empresario, nunca había tenido que despedir a un grupo tan numeroso de trabajadores", reconocía ante la Asamblea de la organización. De todos modos, de cara al ejercicio 2012, esta reducción se traducirá en una bajada del 10% en los gastos generales y de un 18% en los costes de personal.

DECENAS DE DESPIDOS '"INEVITABLES"

A pesar de haber recortado sus gastos fijos en más de un 12% el año pasado y haber evitado despedir a personal de la casa hasta ese momento, la situación de la CEV ha hecho "inevitable" el ajuste laboral, según fuentes patronales. Sobre el papel, la Generalitat financia a la organización con 1,5 millones de euros anuales para pagar cursos y proyectos finalistas, es decir, destinados a una actividad concreta.

Sin embargo, Generalitat tendría que haber abonado más de tres millones de euros entre 2010 y 2011, pero sólo ha transferido una cuarta parte. El resto lo ha tenido que adelantar la CEV de sus propias cuentas, mermadas a su vez por la pérdida de un 10% de sus ingresos en concepto de cuotas de los usuarios y afilados en este mismo periodo.

También la autonómica Cierval ha tomado medidas de ajuste por las mismas razones, con una reducción de su plantilla del 16% el pasado mes de noviembre. Por otra parte, las cinco cámaras de comercio suman a la situación general de las patronales la eliminación de la cuota cameral obligatoria que hasta ahora pagaban todas las empresas. Así, en el caso de la Cámara de Comercio de Valencia se ha decidido reducir el personal en un 42% y en la de Castellón, en un tercio.

PLANIFICACIÓN DE AJUSTES A LARGO PLAZO

Un caso distinto es el de CC.OO., que lleva aplicando un Plan Estratégico desde principios de año en toda España. Han recortado las dietas por desplazamiento al mínimo y han repercutido la reducción de representantes en los comités de empresa, un descenso vinculado a la propia reducción de las plantillas.

Al ser la única organización que hace público su número de afiliados, CC.OO. reconoce que ha sufrido un descenso desde 2008 (cuando alcanzó el record afiliiaciones), pasando en estos tres años de 141.000 a 130.000 trabajadores sindicados. Esto se ha sumado al aumento del porcentaje de afiliados acogidos a la cuota especial del 50% por haberse quedado sin empleo.

En su caso tampoco han cobrado de la Generalitat los cursos que han impartido desde 2010, pero la secretaria de Comunicación, Empar Pablo, asegura que la merma "no está teniendo repercusiones en la plantilla". En todo caso, reconoce que se puedan estar estudiando despidos en secciones muy concretas de cara al próximo presupuesto, pero en ningún caso un ERE.