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BARCELONA (EP). El jefe de Gobierno de Andorra, Jaume Bartumeu, ha asegurado que no le consta que las entidades bancarias andorranas hayan notado un descenso importante de fondos españoles después de que ambos gobiernos firmaran en enero un acuerdo que supone el levantamiento parcial del secreto bancario y la salida de Andorra de la lista de paraísos fiscales.

En una conferencia pronunciada hoy en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Bartumeu negó la huida de capitales tras este acuerdo de transparencia bancaria, cuya aplicación será a partir de enero de 2011, y recordó que las cantidades de dinero intervenidas por la Guardia Civil en la aduana son "poco significativas".

Consideró que se trata de contribuyentes españoles que, afectados por la difícil situación económica en España, se ven en la obligación de recurrir al "rinconcito" -de ahorros- depositado en Andorra. "El hipotético evasor no es aquél que pillan con 10.000 euros en metálico en la frontera", ejemplificó.

El jefe de Gobierno recordó que el acuerdo con España y con otros 16 países para levantar, con condiciones, el secreto bancario forma parte de la estrategia del país para avanzar "hacia un nuevo modelo de hacer banca" y reforzar su imagen para atraer inversiones extranjeras no especulativas.

El acuerdo permitirá a la Agencia Tributaria solicitar a las autoridades del Principado el acceso a los datos bancarios y contables e identificar a los beneficiarios de cualquier tipo de transacción que implique a contribuyentes españoles. Sin embargo, Andorra se reserva ciertos condicionantes, como el hecho de que sólo atenderá las demandas de información sobre personas concretas y siempre que la finalidad tributaria sea "clara".

Dentro de las medidas fiscales que el Gobierno andorrano está en vías de aplicar para "reforzar la credibilidad frente a los mercados financieros", mañana está previsto que apruebe un impuesto indirecto que grave los productos (IVA), que podría oscilar entre el 4,5 y el 5,5% según se apuntó hace unos meses.

Además, Andorra también prepara un nuevo impuesto de sociedades del 10% sobre los beneficios y trabaja en los convenios que eviten la doble imposición para las empresas.