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Francisco Pérez

VALENCIA. Cuando acabe 2011 y se forme el gobierno que resulte de las próximas elecciones, la economía española seguirá estancada. El precio que pagamos por cada punto porcentual de crecimiento que perdemos es de 10.000 millones de euros al año. Además, con la economía parada la destrucción de empleo continúa, pues las ganancias normales de productividad permiten producir lo mismo con menos recursos, y la tensión social que el paro representa se va haciendo insoportable. El nuevo gobierno tiene que desactivar lo antes posible la bomba de relojería que representa el estancamiento duradero de nuestra economía.

La pregunta del millón es cómo volver a crecer. Durante esta legislatura que termina hemos comprobado la dificultad de gestionar una crisis grave sin política monetaria propia ni tipo de cambio propio. Y aunque el BCE está ayudando a evitar males mayores, sus facilidades de liquidez no se traducen en una recuperación de la normalidad financiera en España y, por esa razón, no contribuyen a salir del estancamiento. La razón de ese fallo en la transmisión de los impulsos monetarios es que el sistema financiero y los bancos no funcionan con normalidad.

Las cartas que puede jugar la política fiscal española son escasas. Tras ser keynesianos por un día, hubimos de aceptar las exigencias de unos mercados asustados y a los que necesitamos para seguir financiando el déficit permanente y el endeudamiento creciente. Pero además, el efecto del ajuste fiscal sobre la economía está siendo mayor del imprescindible porque una parte importante del sector público -comunidades autónomas y ayuntamientos- primero retrasaron sus deberes hasta que pasaran sus elecciones y ahora padecen graves dificultades de liquidez. El resultado de estas últimas es que no pueden pagar siquiera lo que tenían previsto en sus escenarios de gasto más austeros, y están ahondando las dificultades financieras de las empresas y provocando mayor destrucción de empleo.

En estas circunstancias el país necesita que el nuevo gobierno aborde simultáneamente, con decisión y acierto, dos líneas de actuación igualmente cruciales. En primer lugar, es muy importante volver a impulsar las reformas estructurales que siguen pendientes. Son claves porque limitan la confianza en la capacidad de crecer de nuestra economía, que a medio plazo depende de nuestras mejoras de productividad y competitividad. Para conseguir ese objetivo la reforma de la negociación colectiva es fundamental. El drama que representa el desempleo masivo y duradero debería convencer de una vez a los interlocutores sociales de que necesitamos unos mecanismos de ajuste del mercado de trabajo diferentes. Pero los sindicatos tienen razón cuando dicen que no es la única reforma, ni en el ámbito del sector público ni en el de las empresas. Y tanto el gobierno como la oposición deberían poner toda la carne en el asador para que la sociedad se convenza de la necesidad de abordar los muchos cambios necesarios y de repartir los costes de manera razonable entre todos. Un clima social y político menos crispado y más proclive a la cooperación acortaría los plazos y reduciría los sacrificios. El éxito de los Pactos de la Moncloa debería ser recordado una vez más.

Pero hay que saber que los resultados de las reformas estructurales no serán inmediatos y hay una segunda línea de acción que no es solo prioritaria sino urgente, porque condiciona todas las demás actuaciones: acabar con la falta de liquidez que atenaza el gasto público y el privado. En el primer caso el gobierno ha de encontrar la fórmula para que las comunidades que confirmen su compromiso de reducción del déficit no sigan padeciendo los graves problemas de liquidez actuales. Ignorar el efecto que esto tiene sobre el tejido productivo, y sobre los costes financieros y la solvencia de las haciendas regionales, es temerario. También lo es no abordar de una vez los problemas que parte del sector bancario padece como consecuencia de los excesos inmobiliarios. Mientras esas inversiones permanezcan improductivas en sus balances como auténticas manos muertas el crédito no volverá a fluir y tardaremos más en volver a crecer.

El reto enorme para el nuevo gobierno es que la nueva legislatura no se pierda para el crecimiento y el empleo. Tendría unos costes de oportunidad enormes para el país porque si se logra volver a crecer a una tasa del 2% anual durante la misma se incrementaría nuestra renta en unos 100.000 millones de euros y podrían generarse más de 700.000 empleos. Pero no será fácil si el gobierno no acierta en las medidas y la sociedad no llega a compartirlas.

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(*) Francisco Pérez es catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de Investigación del Ivie