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Valencia (VP/EFE). El síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, aseguró ayer, en relación al control de las empresas públicas relacionadas con la trama "Gürtel", que, "cuando hay actividad penal, la actividad fiscalizadora debe esperar acontecimientos", ya que, aunque a veces "coincidan", tienen un tratamiento "separado"

Vicente Queralt contestó así en la comisión de Economía de Les Corts -donde ha expuesto el informe de fiscalización de la cuenta general de la Gneralitat del ejercicio 2008- después de que la oposición haya censurado la ausencia de auditoría sobre algunas de estas sociedades, como la Agencia Valenciana de Turismo.

Según han argumentado las portavoces del PSPV y Compromís, el síndic debería haberlas investigado "por iniciativa propia", y si no lo ha hecho es porque se lo "han pedido" o por que "no lo cree necesario", respuestas ambas "preocupantes", según la socialista Cristina Moreno.

Al respecto, el síndic ha reconocido que si estuviera en el lugar de estas diputadas "tal vez diría lo mismo", si bien cuando interviene la jurisdicción penal "hay que dejarla que actúe", y "el juez sabe que si necesita algo" la Sindicatura se lo dará, "como ya ha hecho".

"Si hay una actuación penal y un sumario abierto, en principio, tienen un tratamiento totalmente separado", ha reiterado el Vicente Quralt, quien se ha preguntado qué habría pasado "si hubiera auditado una empresa pública de esas, hubiera venido aquí -a la comisión- y hubiera dicho que no hay nada".

Además, ha explicado que el programa de actuación de la Sindicatura fue diseñado y presentado "mucho antes" de que se conociera la actuación penal abierta por la trama "Gürtel" y "estaba siendo ejecutado desde el 1 de enero".

Según ha señalado, es "muy difícil" modificar este programa con posterioridad y son Les Corts quienes tienen potestad para cambiarlo.

Al respecto, Moreno ha señalado que la investigación judicial a determinadas sociedades públicas era "una de las circunstancias" que debería haber motivado un cambio del programa de actuación de la Sindicatura, porque "lo normal hubiera sido que todas las empresas que han tenido alguna relación con la trama corrupta hubieran sido auditadas".

"¿Cómo es posible que con todo lo ocurrido a principios de 2009 el síndic no realizara una auditoría independiente sobre la Sociedad Gestora para la Imagen Promocional de la Comunitat, que tenía contratos con Orange Market, o con la Agencia Valenciana de Turismo, donde la Policía Judicial estuvo registrando?", se ha preguntado la diputada socialista.

Según ha dicho, la respuesta es "el miedo de alguien que ha hecho algo y no quiere que se sepa".
En este sentido, el síndic ha anunciado que el próximo año se presentara una fiscalización del 97 por ciento de las fundaciones públicas, que en el actual informe es del 58 por ciento de las mismas.

Asimismo, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha asegurado que el informe de la Sindicatura versa sobre "un universo paralelo a la realidad" que ha vivido la Comunitat Valenciana, dominada por la "dinámica destructiva" del caso "Gürtel".

"Esperábamos una reacción del síndic, y no la hemos tenido", ha lamentado Mollà, quien también ha denunciado la ausencia de una auditoría a la fundación "Jaume II el Just", que según ha dicho "tiene unas pérdidas de 9 millones de euros por una nefasta gestión".

Por su parte, la diputada de Esquerra Unida Marga Sanz ha destacado la falta de una auditoría operativa sobre la "nula" aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat para dar una respuesta a los ciudadanos que reclaman este derecho.

El diputado del PP José Marí Olano ha defendido el informe del Síndic y acusado a la oposición de querer dar lecciones de comunismo, ya que "dicen que es bueno que nos escuchen y nos fiscalicen a todos", que es lo que hacía la Stasi, a las que "algunos añoran".

A juicio del portavoz popular, lo que le han pedido los grupos de la oposición al síndic es "que se cargue su institución y que se ponga al servicio de los intereses de unos cuantos que han asumido el papel de dictadores".