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VALENCIA. La crisis se está cebando especialmente en la Comunitat Valenciana. Según los últimos estudios a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado, es la región con más concursos de acreedores de España: 652 procesos abiertos hasta octubre en el presente ejercicio. La provincia de Valencia aglutina 438 en lo que va de año, liderando con holgura la autonomía por delante de Alicante (132) y de Castellón (82).

Santiago Hurtado, uno de los redactores de los cambios en la ley concursal y miembro del despacho Broseta Abogados, explicó semanas atrás que un 80% de las empresas que se declaran en concurso de acreedores, tiene amplias posibilidades de acabar en liquidación. En esta situación, no suele haber dinero para pagar a los acreedores por lo que los trabajadores terminan, en la mayoría de ocasiones, recurriendo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Estos datos son una buena piedra de toque para entender los motivos por los que la provincia de Valencia ‘devoró' en torno al 10% del gasto del Fogasa de toda España en 2010, que ascendió a 1.287 millones de euros. La suma total de las indemnizaciones y salarios dirigidas a la provincia de Valencia superaron los 133 millones de euros, mientras que para toda la Comunitat, sumaron 261 millones.

El Gobierno central ha incrementado el presupuesto del Fondo de Garantía Salarial en los últimos años debido al aumento de los cierres a causa de la crisis económica. En 2009, el presupuesto atribuido por el Ministerio de Trabajo era de unos 550 millones de euros, pero tuvo que inyectarle 350 más en el último trimestre del año debido a que los fondos se habían agotado.

En 2010, el fondo asignado volvió a quedarse corto. Al cierre de septiembre ya se habían empleado 949 millones, lo que suponía el 105% del presupuesto. En ese momento, la Comunitat Valenciana era la autonomía que más prestaciones había pagado, ‘comiéndose' el 22,69% del total de dinero repartido por Fogasa.

En el presente ejercicio, las cosas no mejoran en la sede provincial del Fondo de Garantía, situada en la calle Ángel Guimerá. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ya ha denunciado la sobrecarga de trabajo que se vive en la sede, donde se han cuadruplicado los expedientes desde 2007. Este año se prevé la entrada de 16.000 expedientes, sin que haya aumentado la plantilla de trabajadores, que no supera la quincena. "Hay una vacante y ni siquiera la han cubierto", explican fuentes de CSI·F.

LOS EXPEDIENTES E INDEMNIZACIONES SE DISPARAN

En 2007 el Fogasa pagó 39 millones de euros en concepto de garantías salariales. En 2008, y debido a los efectos de la crisis en el cierre de empresas, la suma indemnizatoria llegó a los 44 millones de euros. En el siguiente año la cantidad fue cercana a los 67 millones de euros, y el pasado 2010 la cifra se disparó hasta superar los 133 millones de euros, en la provincia de Valencia.

En la sede provincial la tramitación de expedientes se ha incrementado de 4.000 en el año 2007 hasta los 14.000 de 2010 o los 16.000 previstos para este 2011. Esta acumulación deriva en retrasos -de hasta nueve meses- en la tramitación y en el pago de las indemnizaciones a los trabajadores afectados.

Las diferentes organizaciones sindicales han convocado una protesta el próximo jueves y una huelga para el día 27 para exigir el refuerzo de personal en la sede provincial de Valencia.

LA CONSTRUCCIÓN, PRINCIPAL SECTOR AFECTADO

La mayoría de trabajadores que acuden al Fogasa provienen de sectores especialmente castigados por la crisis económica. Como marcan los citados estudios respecto a las empresas en proceso concursal, la construcción es el ámbito más perjudicado. En lo que va de año se han detectado en la Comunitat 203 concursos de acreedores en compañías de esta área, seguido del sector servicios, donde se contabilizaron 86.