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MADRID (EFECOM).- Las nuevas exigencias de capital a los bancos por parte de la Unión Europea y las elecciones generales en España complican aún más la subasta de la Caja del Mediterráneo (CAM), inicialmente prevista para finales de octubre, han explicado a Efe fuentes financieras.

La intención del Banco de España, que intervino la CAM a finales de julio, era que se vendiera la entidad al mejor postor antes de noviembre, por eso el Fondo de Reestructuración Ordenada (FROB) pidió a los bancos interesados en la caja que presentaran ofertas no vinculantes en septiembre.

El objetivo era poder seleccionar las mejores propuestas en los primeros días de octubre, lo que ya se ha hecho aunque no haya trascendido oficialmente.

Las mismas fuentes aseguran que esa selección ha dado como resultado que las ofertas iniciales del Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell para hacerse con la CAM hayan sido escogidas como las mejores por el FROB, que depende del Ministerio de Economía y del Banco de España.

Sin embargo, ninguna de estas cuatro entidades ha accedido a la auditoría exhaustiva que les permitirá conocer hasta el último detalle de la CAM y que será el paso previo para presentar una oferta en firme por la caja.

Esta demora hace "imposible" que la subasta de la CAM sea a finales de octubre, pero surge seriamente la duda de si se podrá conseguir que la puja finalice al menos antes de las elecciones generales que relevarán a José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno.

La cita electoral no tendría necesariamente que afectar a la subasta competitiva, en la que el mejor postor se hará con el negocio de la CAM, pero sí plantea más incertidumbres en un momento en el que la banca del Viejo Continente está "especialmente preocupada" por las nuevas exigencias de capital.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) pretende llevar a cabo unas pruebas de solvencia más severas que las últimas, en las que se podrían llegar a aplicar importantes descuentos en las carteras de deuda soberana de países periféricos, entre ellos España.

Si se tiene en cuenta que los bancos han sido los principales compradores de deuda pública, -un valor seguro por el que no tenían que dotar provisiones- la posibilidad de tener que aplicar descuentos a la deuda española supondría para las entidades tener que aumentar capital para cubrir el deterioro de sus carteras.

Según la información que apareció en las pruebas de solvencia de este verano, BBVA poseía más de 55.700 millones de euros en deuda pública española; Santander, más de 46.000 millones; CaixaBank, más de 35.400 millones; y Banco Sabadell, casi 7.300 millones.

Por eso, parece obvio que cualquiera de estos potenciales compradores de la CAM prefiera esperar a conocer exactamente qué impacto tendrán los nuevos requisitos de capital antes de embarcarse en la puja.

La adquisición de la caja alicantina permitiría un salto cuantitativo en cuota de mercado para los cuatro compradores, pero es una operación con importantes riesgos, como una cartera de préstamos al sector promotor superior a 12.600 millones, de los que más de la mitad eran morosos a cierre de junio.