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VALENCIA. En esta ocasión, las protestas de los funcionarios obtuvieron premio. En torno a un centenar de empleados públicos dependientes de áreas como Patrimonio y Modernización, han regresado a Valencia capital tras un fugaz traslado al complejo Ciudad Ros Casares. Ni siquiera dos meses han permanecido en ese destino, del cual ya han sido removidos para recaer en otras dependencias.

El desalojo de los empleados públicos del citado edificio situado en la calle Colón, en pleno centro de la ciudad, había conllevado en junio las protestas de organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), dado que el traslado podía vulnerar la legalidad, dado que suponía "un deterioro de las condiciones de trabajo".

El hacinamiento que los funcionarios habían denunciado, así como los limitados servicios de transporte público para llegar al puesto de trabajo, eran dos de las causas por las que se elevaron las protestas sindicales. Además, y más importante, se sacaba a los funcionarios fuera de la ciudad donde tenían la plaza, lo cual podía no ajustarse a la legalidad.

El sindicato CSI·F denunció en su día esta situación, subrayando que el traslado afectaba "a las condiciones de trabajo" y por ello debía "estar sujeto a la aprobación de la Junta de Personal". El argumento de la organización para esta protesta radicaba en que la nueva situación implicaba un cambio de municipio de trabajo, al encontrarse en Xirivella.

Otras fuerzas sindicales también protestaron por el traslado, apoyándose en otras causas como el incumplimiento de la superficie mínima de diez metros cuadrados por trabajador, lo que se traducía en un hacinamiento de los funcionarios.

Estas razones son las que habrían movido a la Generalitat a rectificar su decisión y traer de vuelta a los funcionarios a Valencia para situarlos en otras instalaciones. Así, los pertenecientes al área de Modernización, fueron reenviados a la calle Miguelete, en la antigua sede de la Conselleria de Justicia y los vinculados a Patrimonio, han recalado en el complejo de San Miguel de los Reyes, en el límite con Tavernes Blanques.

CIUDAD ROS CASARES Y CENTRO 9 D'OCTUBRE

Ciudad Ros Casares es un complejo de oficinas situado en el término municipal de Xirivella, junto a la zona industrial de Vara de Quart de Valencia. La Generalitat tiene un acuerdo con la empresa para ocupar durante los próximos siete años estas instalaciones, con el objetivo de concentrar allí varios departamentos ahora distribuidos en distintos inmuebles de la ciudad.

No obstante, la Generalitat tiene previsto trasladar a buena parte de sus empleados al centro administrativo bautizado como 9 d'Octubre que está acabándose de construir sobre la antigua cárcel modelo de Valencia. Sin embargo, en este espacio no cabrán todos los funcionarios. La intención del gobierno autonómico es dejar tantos espacios alquilados como sea posible y, en el caso de no poder concentrar a los trabajadores en un inmueble propio, dejar alquileres de alta renta como los que pagaba en oficinas como la situada en el emblemático edificio de Valenciana de Cementos.