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VALENCIA. El anuncio realizado por el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, de amortizar 704 puestos de trabajo de la Administración pública autonómica y 160 liberados sindicales, pone de relieve que en contra de lo afirmado, el Consell carece de momento de un plan de austeridad digno de ese nombre para afrontar la difícil situación de las finanzas de la Generalitat.

Como a buen seguro sabe el conseller, un plan es un modelo sistemático de una actuación pública o privada que se elabora anticipadamente para dirigir y encauzar tal actuación. Y lo que hemos escuchado hasta hora tanto de él como del conseller Enrique Verdeguer o del propio president Alberto Fabra son, exceptuando este ahorro de 31 millones -mísero en relación con lo que es imprescindible-, simples acciones desconexas de diferente calado.

La Generalidad Valenciana, como muchos municipios, han vivido estos años pasados una borrachera de despilfarro que ahora hay que cortar con rapidez para evitar una suspensión general de pagos mucho más allá que los actuales graves incumplimientos con los proeveedores. Que no otra cosa sería que en algún momento no se pudieran atender las emisiones de deuda que van venciendo. Frente a ello algunos gestores políticos siguen viviendo en su reino de Taifas gastando alegremente como si la crisis o la restricción de gasto no fuera con ellos.

Cada día conocemos un nuevo caso de un organismo público que ha pagado mucho más de lo que sería razonable por uno u otro servicio. Incluso parece que algunos, como la concejal del Ayuntamiento de Valencia Beatriz Simón no están dispuesto a que los políticos valencianos dejen de ser el hazmerreir de los españoles. No de otra forma puede entenderse su pretensión de considerar justificada la colocación de una silla de bebé en un coche oficial con el que la edil del PP lleva a su hijo al colegio. O la propia supervivencica de organismos superfluos tales como las delegaciones de la Generalitat en la capitales de la Comunidad, retratadas ayer por este diario.

Tratar de abordar la situación financiera de la Generalidad valenciana con medidas como las anunciadas es como tratar una septicemia con paracetamol. El sector público empresarial necesita un ajuste inmediato empezando por la inservible RTVV. En la situación en la que nos encontramos, la reducción de grandes eventos no puede limitarse a los dos anunciados. La Administración autonómica, como la provincial y las municipales, deben apretarse el cinturón de una manera seria, rigurosa y coherente y no a golpe de ocurrencia del conseller o del responsable político de turno.

En muchos niveles de la Administración se sigue perdiendo el tiempo en el terreno de la austeridad en el gasto a pesar de que siguen sin pagar a los proveedores y los ingresos futuros serán sustancialmente menores. Cuanto más tiempo se pierda, quizá para actuar tras el resultado de las elecciones del próximo noviembre, más duro será el ajuste. Y esta dureza adicional no tendrá otro responsable que el actual Consell y su presidente Alberto Fabra. Que la oposición no exista no cambia la realidad. Porque no por anunciar una nueva manera de relacionarse con la oposición Fabra demuestra tener una concepción diferente de la gestión política que su antecesor. Ha pasado el tiempo de los gestos y llegado el de la acción: solo en hechos contantes y sonantes podrá calibrarse la diferencia.