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VALENCIA. "No se recorta lo que se quiere, sino lo que se puede", comenta burlón un responsable político valenciano damnificado por los ajustes. Cuando la Generalitat y el resto de instituciones españolas anuncian o preparan contundentes tijeretazos en las cuentas públicas, el equipo de Alberto Fabra le sigue dando vueltas a la perdiz entre despacho y despacho. Y el futuro de la Delegación del Consell en València es uno de los apartados que más quebraderos de cabeza está dando en esta reorganización.

Las delegaciones del Consell sirven para representar a las consellerias en cada provincia, pero ¿tiene sentido mantener la delegación de Valencia (ciudad en la que se encuentran todas las sedes de las consellerias) a un coste previsto en 2011 de 630.00 euros? Sin ir más lejos, la Conselleria de Educación está a dos manzanas de la delegación (situada en la calle Gregorio Gea, 14) y el propio Palau de la Generalitat, a cuatro paradas de autobús.

Además, un 70% de sus costes, 446.200 euros, se destina a pagar a sus 13 empleados, mientras que el resto va a gastos de funcionamiento, según los Presupuestos de 2011 de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que es quien paga esta factura. Esta proporción es similar en las otras delegaciones, ya que, al margen de las retribuciones de sus responsables, sus gastos se limitan al apartado de compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento. De todos modos, ha habido un esfuerzo por recortarlo, teniendo en cuenta que este capítulo se ha reducido casi un 14% para esta año.

Fuentes de la Generalitat aseguran que Camps estuvo a punto de echarle el cierre en la remodelación del Consell tras las elecciones autonómica, pero que Alfonso Rus, presidente de la Diputación Provincial y del Partido Popular en Valencia se opuso con uñas y dientes. Aunque ambas entidades parecen caer en diversas duplicidades fueron defendidas como "absolutamente complementarias". Sin embargo, la clave de esta defensa no parece estar tanto en la institución como en su "capital humano", según fuentes próximas a Alfonso Rus.

PEÓN DE REY

Desde 2005, el delegado del Consell en Valencia es Rafael Soler Vert. Alcalde de la Pobla Llarga desde 2003, su fuerza reside en ser el presidente comarcal del PP de La Ribera Alta, un comarca clave para presidir la Diputación provincial, junto a La Safor y L'Horta. Pero surge la duda de cómo el alcalde de un municipio de 4.500 habitantes se encuentra en esa responsabilidad del partido cuando es Alzira la capital de la comarca, tiene un número de electores diez veces superior y está gobernada desde hace ocho años por el Partido Popular. Los nombres propios vuelven a tener la clave.

La alcaldesa de Alzira es Elena Bastidas. Impulsada por Eduardo Zaplana, que la situó como diputada provincial en 1999, alcanzó la vara de mando de su pueblo en 2003. Ese mismo año, los enfrentamientos entre campsistas y zaplanistas la dejan fuera de la Diputación y no volverá a tener un cargo público fuera de su municipio hasta 2007, cuando es elegida presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Pero Bastidas contaba con un as en la manga: unas excelentes relaciones con el también alcireño Rafael Blasco, conseller decano de la política valenciana. A sus 43 años, el potencial de la alcaldesa de Alzira para convertirse en presidenta de la Diputación de Valencia es poco cuestionado dentro del partido, lo mismo que una posible incorporación a un Consell de caras nuevas. Pero la Diputación le permitiría nadar y guardar la ropa, ya que no tendría que dejar la alcaldía de su pueblo, en el que es líder incuestionable.

De este modo, un debilitamiento institucional de Rafael Soler Vert dejaría a Elena Bastidas como la alcaldesa de la comarca mejor posicionada en Valencia y las ruedas del juego de poder local (y por ende provincial) podrían echar a rodar alterando el actual status quo en el Partido Popular. En lo que coinciden distintas fuentes es en que en un caso como en otro, Blasco saldría ganado.

GÜRTEL TAMBIÉN ENTRA EN JUEGO

Pero no es el del delegado del Consell en Valencia, Rafael Soler, el único nombre propio destacado entre los 15 empleados de esta entidad. También destaca su asesor de prensa, Ignacio Blanch Grau. Responsable de la delegación de Canal 9 en Madrid en 1996, fue designado miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Valenciana (RTVV) en 2002 a propuesta del PP.

Su carrera en política le lleva a ser nombrado en mayo de 2005 asesor del entonces vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, al que acompaña hasta su dimisión en 2007. Después de esto, llega a la Delegación del Consell en Valencia.

Nada tendría de especial esta carrera en la Generalitat si no fuera porque Ignacio Blanch Grau fue el primer apoderado de Orange Market, filial valenciana del grupo dirigido desde Madrid por Francisco Correa, principal implicado en el llamado Caso Gürtel. Concretamente, entre 2003 y 2004, año en el que pasó a residir en Valencia Álvaro Pérez, "El Bigotes" (implicado también en Gürtel, junto a Víctor Campos), aunque éste no presidiría la firma hasta 2007.

UN PLENIPOTENCIARIO... SOBRE EL PAPEL

En principio, cada delegado territorial del Consell es el factotum de la provincia. Regulados por decreto en 1996 bajo el Gobierno de Eduardo Zaplana, se les asigna la responsabilidad de actuar como "órgano de comunicación, colaboración y cooperación" con el Estado y la Administración local y le corresponde "informar y propone las inversiones públicas y controlar su realización".

Para hacerlo disponen de la Comisión Territorial de Coordinación, un órgano que tiene las funciones de "orientación, impulso, coordinación y fiscalización de la actividad" de los órganos territoriales de la Generalitat. Sin embargo, la existencia de direcciones territoriales propias de cada conselleria y la necesaria agilidad en la toma de decisiones ha hecho que esta barrera burocrática se haya procurado saltar a la torera tanto desde un lado como desde otro. Por la delegación se pasaba "a poner el sello".

En el caso de Valencia, el delegado Rafael Soler ha presidido las diversas reuniones de la Comisión Territorial de Coordinación, en muchos casos a petición de alcaldes que exigían algo en común (un nuevo juzgado, un soterramiento de vías, un centro de salud...). Sin embargo, mucho de ellos coinciden en que se trata de "poco más que un trámite".

En muchos casos, ha servido para que los participantes del Partido Popular aseguren que "la reunión demuestra que el Consell está escuchando esta exigencia", mientras que los de la oposición lo han calificado de una forma de "ganar tiempo" hasta que se toma una decisión, si es que se toma. "Cuando de verdad se entra en harina es cuando se negocia con los responsables de la propia conselleria", asegura un responsable municipal.

Por otra parte, la función institucional que asumen los delegados del Consell en los actos públicos también tiene su importancia, especialmente en Alicante y Castellón, con menos altos cargos al alcance de la mano para sentar en un concierto, inaugurar un hogar del jubilado o participar en una romería. En este papel, Rafael Soler ha sido especialmente activo en su comarca, aunque ha faltado a pocas primeras piedras e inauguraciones, al margen de que también acudiera el presidente de la Generalitat o algún conseller o secretario autonómico.