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VALENCIA (EP). Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado, sobre al propuesta del conseller de Justicia de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, de "abrir el debate" para aplicar el pago de una tasa que redunde en la "calidad y rapidez" de los tribunales, que esta medida de copago puede tener "efectos recaudatorios" pero "no agilizará en modo alguno los procedimientos, al contrario de lo que indica" el representante del Consell.

La organización argumenta que la gestión de los litigios "podrá mejorar con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas por la Generalitat Valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, pues el actual modelo resulta obsoleto y la institución autonómica no está mostrando ninguna voluntad de proceder a las modificaciones previstas legalmente".

Asimismo, JpD señala, a través de un comunicado, que "la agilidad de los procedimientos también se incrementaría con una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales por parte de la Conselleria de Justicia".

Un ejemplo de ello, apuntan las mismas fuentes, es el elevado número de personal interino que, como reconoce la propia institución autonómica, no cuenta con una suficiente formación para desempeñar sus puestos de trabajo, a pesar de tramitar asuntos que pueden afectar al patrimonio, a la integridad o a la vida de los ciudadanos.

Del mismo modo, defienden que "una gestión más eficaz de la Generalitat en materia de creación de juzgados también supondría un avance para la administración de justicia, ante las carencias de la situación actual".

DISUADIR A LOS QUE ABUSAN DE LOS TRIBUNALES

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre el colectivo de jueces españoles, vería con buenos ojos la implantación de una tasa para acceder la Administración de Justicia, a modo de "copago" del servicio, con el fin de disuadir a los que abusan de los tribunales y contribuir a la agilización.

"La ciudadanía tiene la consideración errónea de que cuando existe una condena en costas la parte que pierde que pierde es la que asume los gastos -ha explicado-. Pero las costas sólo obligan a pagar los gastos de la parte contraria, no los edificios o el personal al servicio Administración de Justicia. Eso lo pagan todos los ciudadanos, hay quienes realizan un uso abusivo".

A juicio de Llanera, la implantación de tasas tendría dos consecuencias. Por un lado, serviría para "responsabilizar a los ciudadanos" pues disuadiría de entablar acciones judiciales sin la debida justificación; mientras que por el otro ayudaría a que el resto de españoles no soporten los gastos de quien realiza un uso abusivo de este servicio.

Así, a juicio del portavoz de la APM, "se podría establecer una tasa para aquellos que presenten una demanda o se oponga a ella" y, si se gana el procedimiento, la parte contraria debería resarcirle de ese pago".

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