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MADRID (EFE). Los nueve grupos de cajas que plantearon al Banco de España la posibilidad de solicitar una inyección del Estado deberán comunicar esta semana al regulador los detalles de la estrategia que quieren seguir para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia.

La fecha límite para enviar al Banco de España la información ampliada de su estrategia es el próximo jueves 28 de abril, dos semanas después de que el organismo haya aprobado las líneas generales de los planes de viabilidad de todas las entidades con déficit de capital según las nuevas exigencias.

De todas esas entidades, la única entidad que hasta el momento está claro que recibirá una inyección del Estado es la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que ha solicitado como primera opción de capitalización 2.800 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Con ese dinero, la caja alicantina espera superar el 10 por ciento de capital respecto a activos de riesgos que se exige a las cajas que no cotizan o no tienen inversores privados significativos.

Pero además de la CAM, para llegar al nuevo mínimo de solvencia que el sector bancario español -salvo excepciones puntuales- deberá tener a principios de octubre, NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa, Unnim y Caja España-Duero plantearon también la opción de recibir ayudas del FROB.

Sin embargo, ello no quiere decir que finalmente el Estado de a estas cuatro fusiones de cajas todo el capital que requieren para cumplir con los nuevos criterios de solvencia, ya que, por ejemplo, si Caja España-Duero cierra su unión con Unicaja, ya no requerirá los 463 millones demandados al FROB.

Asimismo, NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim podrían encontrar otras fórmulas para minimizar la toma de una participación de su capital por parte del Estado, o al menos, detallar en esta semana otras vías para tratar de conseguir reforzar su solvencia.

Según los cálculos del Banco de España, la fusión de las cajas gallegas tiene un déficit de capital de 2.622 millones; CatalunyaCaixa, de 1.718 millones; y Unnim, integrada por Caixa Terrasa, Sabadell y Manlleu, de 568 millones de euros.

El supervisor explicó recientemente que las cuatro alianzas de cajas bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) sólo recurrirían a una inyección del Estado en última instancia, si no lograran salir a bolsa o no encontraran un inversor significativo.

Pero el simple hecho de plantear la posibilidad de pedir fondos públicos, les obliga a que antes del próximo jueves presenten más detalles sobre la estrategia que quieren seguir.

Bankia, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum y la unión de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria han elegido como primera fórmula de capitalización su salto al parqué o la venta de al menos un 20 por ciento de su capital en inversores privados.

Con cualquiera de estas dos opciones, estos cuatro grupos ya no tendrían que alcanzar un capital principal del 10 por ciento porque bastaría con tener al menos un 8 por ciento, al igual que los bancos o las cooperativas de crédito.